CSI-F anuncia que continuará con “las medidas legales y sociales necesarias” para derogar la Ley de reordenación del sector público

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La reordenación del sector público andaluz es ya un hecho. El Parlamento andaluz ha aprobado el proyecto de Ley por el que la Administración de la Junta de Andalucía quedará reestructurada con la implantación de agencias empresariales que pasarán a desarrollar el trabajo que actualmente se desempeña desde las Consejerías y sus delegaciones provinciales.

Según han informado desde el sindicato CSI-F, fuerza mayoritaria en la Función Pública, esta reordenación va a suponer “la politización de la Junta con la colocación de personas afines al Gobierno andaluz al frente de estas nuevas agencias. Además, se llevará a cabo la recolocación del personal de las actuales empresas externas (que no han superado ningún proceso selectivo) para pasar a forma parte de la Administración en igualdad de derechos y deberes que los empleados públicos”.

Ante la decisión socialista de continuar con la reordenación “sin escuchar a los sindicatos más representativos en la Administración de la Junta y a los propios trabajadores”, según explica el responsable del sector de la Administración General de la Junta de Andalucía, Antonio Tur, desde CSI-F “vamos a continuar con las medidas legales y sociales necesarias para derogar el decreto ya constituido como Ley que regula el sector público andaluz y evitar que pueda extenderse a otros sectores como la sanidad y la educación”.

Tur ha explicado que esta Central Sindical seguirá con las movilizaciones y llevará a cabo una campaña de concienciación ciudadana para informar sobre las consecuencias de la creación de agencias para gestionar la Junta de Andalucía. A partir de ahora, lamenta el responsable de CSI-F, “la ciudadanía será atendida por personal no cualificado que debe obediencia al Gobierno andaluz que lo ha colocado”. Se trata de una “perversión de la Función Pública” ya que “las decisiones que se tomen responderán a intereses políticos y partidistas y no al interés general”.

De la misma forma, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios promoverá las acciones legales oportunas para que los tribunales se pronuncien sobre una Ley “que vulnera los derechos fundamentales laborales, sociales y económicos de los trabajadores públicos”. La propuesta de CSI-F pasa por iniciar una nueva negociación donde estén presentes todos los sindicatos y, si es necesario, convocar una oferta de empleo público para que todos los ciudadanos puedan tener la misma oportunidad de trabajar en la Junta.

Concentración de protesta

Coincidiendo con la votación parlamentaria del proyecto de Ley, ha tenido lugar una concentración de empleados públicos a las puertas de la Delegación del Gobierno andaluz. Convocados por el sindicato CSI-F, un centenar de los trabajadores de la Junta ha vuelto a mostrar durante más de una hora su rechazo a la reordenación del sector público y han instado a la Administración a “reflexionar y abrir un nuevo diálogo para llegar a un acuerdo consensuado, sin trabas y con un proceso transparente”.

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