El TSJA pide que se investigue al ex alcalde socialista de Bollullos por adjudicar la recogida de basuras aún sabiendo que no podía pagar el servicio

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Carlos Sánchez, ex alcalde del PSOE en Bollullos.Nuevo frente judicial abierto contra el ex alcalde socialista de Bollullos, Carlos Sánchez, quien será el candidato del PSOE en las municipales de mayo. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), según informa el periodista Andrés Marín en una noticia publicada en El Mundo, acaba de pedir al Juzgado de Instrucción de La Palma del Condado que investigue y depure las “posibles responsabilidades penales” en las que pudo incurrir el Ayuntamiento al adjudicar en 2006 el contrato de recogida de basuras a pesar de que el Consistorio sabía que no tenía dinero para pagarlo.

Andrés Marín escribe en la información que el Alto Tribunal andaluz deduce testimonio al juzgado palmerino a raíz del pleito que la empresa adjudicataria abrió contra el Ayuntamiento ante el impago de 327.000 euros, es decir, la totalidad de los servicios prestados desde que se contrató. Un juzgado le dio la razón, pero el actual equipo de gobierno –comandado por una coalición de ex ediles de IU y del PP— interpuso recurso en el TSJA, que sigue manteniendo que el Consistorio debe pagar esa cantidad.

La sala de lo contencioso administrativo del TSJA cree, además, que los miembros de la junta de gobierno local que el 2 de mayo de 2006 adjudicaron el contrato para la recogida de basuras pudieron haber incurrido en delito “al constar en el expediente administrativo un informe de intervención de inexistencia de crédito suficiente, y un informe jurídico en el que se indica la existencia de causa de nulidad” del contrato, según se recoge en la sentencia, a la que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía.

El TSJA argumenta que el informe de la intervención sobre la falta de crédito para hacer frente a pago del servicio de recogida de basuras “no impidió que la Corporación continuara con el expediente de contratación y adjudicara el contrato, dando lugar a que por el adjudicatario se comenzara a la prestación de los servicios, sin que en ningún momento se pudiera en su conocimiento la existencia de reparo alguno o causa de nulidad”.

El exalcalde socialista de Bollullos se encuentra en la actualidad imputado por dos casos, relacionados con presuntas irregularidades en la construcción del recinto ferial y de un parque de la localidad, el Ramos Mantis.

En el primero de ellos, hay nueve personas imputadas por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental, contra la ordenación del territorio y desobediencia, entre ellos Carlos Sánchez y la ex concejal de Urbanismo y actual diputada provincial de Agricultura, Rosario Rosado.

Los hechos se remontan a 2006, cuando el equipo de gobierno comandado por Sánchez dio el visto bueno a la recalificación de los terrenos rústicos donde se ubicaría el recinto ferial a pesar de los informes en contra de la Intervención y la Secretaría Municipal y de la propia Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía.

El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento denunció los hechos ante los tribunales, al entender también que las permutas prometidas a los propietarios de los terrenos se hicieron con bienes futuros que no existían y con los informes también en contra de la Secretaría y la Intervención.

Además, Carlos Sánchez decidió comenzar las obras del recinto ferial cuando todavía el suelo era no urbanizable, según la denuncia presentada por el actual Ayuntamiento. De hecho, la Junta de Andalucía llegó a paralizar los trabajos en dos ocasiones. El Consistorio comandado hoy por Francisco Díaz Ojeda también denunció que Sánchez otorgó las obras “a dedo”, sin que mediara expediente de contratación alguno.

Por otro lado, Sánchez también está imputado en el denominado ‘caso Ramos Mantis’, por supuestas irregularidades en el proceso de reforma del parque del mismo nombre, y que sigue su camino en los tribunales. El juzgado de primera instancia e instrucción de La Palma del Condado notificó a las partes el pasado 20 de diciembre la orden de continuar la causa abierta contra el ex regidor.

El juzgado onubense insta tanto a la Fiscalía como a la acusación a que soliciten la apertura de juicio oral y formulen su escrito de acusación. El escrito judicial asegura que tras las prácticas de las diligencias se estima que “continúan vigentes las argumentaciones efectuadas” en el auto del 3 de marzo de 2010, y que los hechos investigados “pudieron ser constitutivos de un delito de prevaricación”, por el que está imputado el ex alcalde.

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