El PP pide al juez que interrogue a Petronila Guerrero por el “escándalo” del alquiler del ‘palacete’ de la plaza de Las Monjas

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El Partido Popular ha solicitado al juez del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 2 de Huelva, que instruye la demanda del PP por el supuesto alquiler irregular del palacete del Hotel París, que interrogue a la presidenta de la Diputación Provincial de Huelva y candidata del PSOE a la Alcaldía de Huelva, Petronila Guerrero, “como principal responsable de este escándalo” y como la persona que “aprobó los contratos de arrendamiento de un edificio que ha costado a los onubenses, en plena crisis económica, siete millones de euros”.

Así lo ha indicado hoy el portavoz del PP en la Diputación, Jesús Toronjo, en una comparecencia ante los periodistas a las puertas del palacete ubicado en la plaza de Las Monjas. Toronjo ha señalado que tras la presentación de un recurso contencioso- administrativo por parte del PP contra esta operación aprobada por Petronila Guerrero, el juzgado admitió a trámite la demanda y el proceso se encuentra ahora en fase de proposición de pruebas.

Por tanto, el PP ha solicitado al juez que interrogue a la presidenta de la Diputación las condiciones por las que aprobaron dos contratos de alquiler y la adjudicación de un contrato de 300.000 euros para las obras de remodelación del edificio que no se adjudicó sin concurso público.

Todo ello, a juicio de Toronjo constituye una “ilegalidad” y “queremos que la presidenta testifique”. En este sentido, el portavoz popular ha manifestado que “esperamos que Petronila Guerrero ofrezca la máxima colaboración a la Justicia y así veremos si es verdad, como ella dice, que no tiene nada que esconder”.

Además, ha añadido Toronjo, se ha pedido que testifiquen, igualmente, todos los miembros de la Junta de Gobierno de la Diputación, que corroboraron los contratos. Entre ellos, como ha recordado Toronjo, “está la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Huelva, Elena Tobar”, actual número 3 en la lista electoral de Petronila Guerrero en el capital. Asimismo, se solicita que declaren ante el juez del secretario y del interventor de la Diputación.

El objeto de la demanda presentada por el PP en los tribunales es dejar sin efecto estos contratos por los que Petronila Guerrero “ha hipotecado a los onubenses por su capricho, gastándose siete millones de euros de los ciudadanos  en una provincia den la que ya hay casi 80.000 parados”.

El portavoz de la formación en el organismo provincial ha señalado, además,  que el equipo de gobierno del PSOE cerró ambos contratos “sin el control de la oposición y ocultando información”, razón por la que su grupo ha tenido que acudir a los tribunales. “Que sea un juez el que lleve a cabo ese control, revise los contratos  y anule este despropósito”, ha manifestado Toronjo a este respecto.

3000 euros al día

“Queremos que se aclare a los onubenses hasta el último céntimo de euro gastado en este despilfarro de Petronila Guerrero que le cuesta 3.000 euros al día a los onubenses”, ha subrayado Toronjo.

El popular, además, ha criticado la actuación de la presidenta de la Diputación, en este asunto ya que –ha argumentado- “mientras pide austeridad a los ciudadanos y el PSOE recorta derechos, la presidenta no tiene problema alguno en gastarse ese dinero”.

El portavoz del grupo popular ha agregado agregó que en el expediente del Hotel París “no hay ningún informe ni de la Secretaría ni de la Intervención del órgano provincial” ha afirmado que, al menos uno de los alquileres, “está inflado a conciencia”.

Los populares mantienen, por otra parte, que el importe pactado en el contrato de las obras que se realizaron en el edificio para adaptarlo a las necesidades del arrendamiento asciende a 90.000 euros, de los que 45.000 correspondieron al propietario y la cantidad restante (mas el exceso) a la Diputación. Por ello, consideran que se debió tramitar el correspondiente procedimiento de contratación de obras conforme a ley, “del que se prescindió absolutamente”.

En este punto, añade el PP que en el expediente de presupuesto (28 de enero de 2008), emitido por uno de los propietarios, Promociones Pablo Carrasco S.L. por importe de 266.000 euros (más IVA), consta que no se incluyen las acometidas de agua, electricidad y telecomunicaciones.

El principal grupo de la oposición en la Diputación asegura desconocer el importe efectivo que fue abonado, peses a que solicitaron que las facturas, informes de fiscalización y mandamientos de pago se incluyeran en el expediente. “Sin duda –ha señalado Toronjo- el precio pagado “excede en mucho el 50% del importe del precio del contrato de opción”, por lo que “estaríamos ante un vicio de nulidad de pleno derecho en la contratación de las obras referidas, al haberse prescindido absolutamente del procedimiento legalmente establecido al efecto”.

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