La Junta presenta el nuevo decreto de parques naturales a colectivos e instituciones de la provincia de Huelva

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El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Manuel Alfonso Jiménez, y el delegado provincial de Medio Ambiente, Juan Manuel López, han presentado hoy a los colectivos sociales e instituciones implicados en los parques naturales de la provincia el decreto que establece el nuevo régimen general de planificación de usos y actividades para estos enclaves en el conjunto de Andalucía.

Los representantes de la Junta han desgranado la normativa recientemente aprobada ante los integrantes de los órganos rectores de los dos espacios sujetos a esta figura de protección en Huelva, los de Sierra de Aracena y Picos de Aroche, por una parte, y de Doñana, por otra. Entre ambos suman una superficie aproximada de 240.662 hectáreas que se extienden por 39 municipios, que contienen 153.000 habitantes.

En el encuentro, los delegados han acercado los contenidos más novedosos del nuevo texto a las instituciones y colectivos directamente relacionados con la gestión de estos espacios y sus áreas de influencia socioeconómica, como los ayuntamientos, sindicatos, asociaciones ecologistas, patronal y otros organismos y entidades.

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el pasado 1 de febrero el decreto que introduce medidas para reducir trámites administrativos a ciudadanos y empresas, y que establece normas comunes para los 24 parques naturales de Andalucía. Esto supone un área de influencia de 3,5 millones de hectáreas -el 40 por ciento de la superficie regional– integrada por 238 municipios y 2,7 millones de habitantes -el 36 por ciento de la población andaluza-. Previamente a su aprobación, el decreto, orientado principalmente a mejorar y homogeneizar la gestión de los parques, ya ha contado en su elaboración con el respaldo mayoritario de las juntas rectoras, patronatos y consejos de participación de estos espacios protegidos. Más del 60 por ciento de las alegaciones recibidas durante el proceso de información pública han sido incorporadas a su redacción definitiva.

La nueva regulación común salvaguardará las singularidades recogidas en los vigentes planes de ordenación de los recursos naturales y de uso y gestión de cada parque natural, que seguirán prevaleciendo sobre los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) en lo relativo a actividades en suelos no urbanizables.

El decreto mantiene la obligación de autorización previa para los proyectos urbanísticos, con la excepción de pequeñas obras de instalaciones de servicio y rehabilitación o reforma que no alteren el volumen edificado ni las características externas y no requieran de proyecto técnico. En este caso bastará con la comunicación previa. Respecto a las medidas de simplificación administrativa, la norma introduce disposiciones para reducir la carga burocrática, eliminar duplicidades, simplificar trámites, acortar los tiempos de respuesta y establecer el silencio administrativo positivo como norma general en caso de no resolver dentro de los plazos establecidos.

Novedades

Entre otras novedades, se incorporan procedimientos abreviados de 15 días para las autorizaciones de seis grandes bloques de actividades que anteriormente requerían trámites de dos meses. En concreto, se trata de los eventos deportivos de pesca marítima recreativa; los tratamientos fitosanitarios aéreos en terrenos forestales; las actividades de ocio y deporte de naturaleza en caminos, pistas forestales y espacios con limitación de acceso -cicloturismo y senderismo, entre ellas-; las acampadas nocturnas y vivaqueos vinculados a travesía de montaña; la filmación, fotografía y grabación con uso de equipos auxiliares, y las actividades de ocio y deporte fuera de los lugares designados previamente para ellas en cada parque natural.

Además, el decreto fija otro conjunto de actividades para las que no se exigen autorizaciones sino únicamente comunicaciones previas. En todos los casos, la Consejería de Medio Ambiente pondrá a disposición de los ciudadanos una herramienta informática específica de tramitación electrónica, cuya creación también se recoge en la norma.

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