CSI-F exige “transparencia” en la selección del personal de las agencias para erradicar el enchufismo

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En el debate sobre la reordenación del sector público andaluz, las últimas noticias llegan en forma de proyectos de estatutos de las nuevas agencias empresariales establecidas en la Ley 1/2011 que supone la reorganización de la Administración General de la Junta de Andalucía. Estos estatutos, que regirán el funcionamiento de “los entes instrumentales legalizados” así como la selección de su personal, ya se han puesto en marcha incluso antes de que acabara el plazo para la presentación de alegaciones.

Así lo ha denunciado el sindicato CSI-F, mayoritario en la función pública, advirtiendo que la Junta ha acordado el contenido de los estatutos de las agencias con los sindicatos de clase, con escasa representación en este ámbito, para “diseñar a su antojo el procedimiento de selección de los trabajadores que presumiblemente consistirá en un trasvase de los empleados de las actuales empresas externas”, según ha explicado Antonio Tur, responsable del sector de la Junta de Andalucía en CSI-F.

Tur, después de la actitud mantenida por la Administración, ha exigido “transparencia, imparcialidad y objetividad para erradicar el enchufismo y legalizarlo a través de esta Ley”. En este sentido, el representante de la Central Sindical pide, en primer lugar, conocer cómo han accedido al sector público los empleados que se van a integrar en las agencias ya que tras su incorporación se regirán por el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) como un funcionario de carrera.

Por otra parte, el sindicato teme que los tribunales, el contenido de las pruebas y los criterios de evaluación sean determinados por las propias agencias en vez de ser la Consejería competente la que supervise el proceso por lo que “estaríamos ante un proceso de selección viciado y manipulado” critica Antonio Tur quien también ha reclamado que el personal directivo que intervenga en los procedimientos sea funcionario y no “el que designe el Consejo de Gobierno”.

Duplicidad de competencias

Con relación a las funciones de cada una de las agencias, CSI-F ha lamentado que la Junta de Andalucía quiera “vaciar de contenido” a las Consejerías y Delegaciones ya que el gobierno podrá trasvasar competencias y estructura organizativa a las agencias con la consiguiente supresión de puestos de trabajo en la administración. De este modo, y según los borradores de los estatutos pactados entre la Junta y los sindicatos verticales, las funciones pueden ser coincidentes en un 100%. “Y no serán precisamente las agencias las que dejen de asumir tareas”, precisa Antonio Tur, “unas labores que aún siendo propias de los funcionarios serán asumidas por personal contratado sin la preparación necesaria y sin la objetividad que a un empleado público se le exige”.

Finalmente, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios advierte que las agencias no podrán regular derechos y deberes de los empleados públicos, a riesgo de cometer una ilegalidad, ya que estas materias deben regirse por la futura Ley de Función Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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