Conde pide en el Senado ayudas para los frutos rojos de Huelva

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El Partido Popular refuerza su ofensiva institucional para la defensa de la provincia de Huelva y ha registrado una moción en el Senado para que el Gobierno reclame a la Comisión Europea que los agricultores onubenses puedan recibir ayudas de la UE tras la denominada crisis de los pepinos.

De esta forma, como ha declarado el senador del PP por Huelva, Matías Conde, del PP por Huelva, pretendemos que “se amplíe a la totalidad de la producción hortofrutícola afectada, y no solo a los cinco productos considerados por la Unión Europea, las indemnizaciones compensativas por los daños producidos por la denominada crisis de los pepinos”.

Asimismo, el senador onubense ha considerado necesaria una campaña de imagen “que restablezca las confianza de los mercados y de los consumidores en los productos onubenses, que siempre se han caracterizado por el cumplimiento escrupuloso de todas las normativas alimentarias”.

En este sentido, el senador del PP ha destacado que esta crisis “ha tirado por tierra, con declaraciones infundadas, el trabajo de muchos agricultores onubenses que ahora, además, se ven sin el respaldo del Gobierno y de la Junta de Andalucía”.

Conde ha recordado que “las ayudas arbitradas por la UE por las graves pérdidas económicas sólo se han circunscrito a productos como los pepinos, tomates, lechugas, pimientos y calabacines, dejando fuera a los productos de la provincia de Huelva, en un nuevo agravio a la provincia”.

Es por ello que, como ha aclarado Conde, con esta moción pretendemos que las ayudas de la UE cubran también las cuantiosas pérdidas que esta crisis ha provocado en la provincia de Huelva, ya que “como ha denunciado ASAJA-Huelva, las explotaciones onubenses han perdido unos seis millones por el daño de esta crisis a las producciones de arándanos, frambuesas y frutos de hueso como los melocotones, los albaricoques o las nectarinas”.

Y es que, como ha subrayado el senador popular, “hablamos de un sector muy importante para la provincia de Huelva que agrupa al 17 por ciento de la población activa de la provincia generando unos 80.000 empleos y que supone uno de los principales pilares del PIB provincial y que no se merece este agravio”.

Con esta iniciativa, el PP además propone que estas ayudas cubran las pérdidas de los productos de los agricultores onubenses que se han quedado fuera de las compensaciones por valor de 210 millones de euros aprobada por la Unión Europea.

Asimismo el PP también instará al Gobierno a que, de acuerdo con los afectados, las Cooperativas Agrarias, las OPAS, FOPEX y las organizaciones representantes del sector, se elaboren en el plazo más breve posible la evaluación de los daños producidos por las retiradas o pérdidas de producción en el campo, en almacenes o en la recuperación y manipulación de la producción.

También se pretende que se haga una evaluación de las pérdidas debidas a la reducción de precios y volúmenes de consumo y captación de esta campaña respecto a las tres anteriores tomadas como referencia por la propia UE.

Igualmente, el PP va a exigir a la Comisión Europea las indemnizaciones compensatorias correspondientes al 100 por 100 de las pérdidas totales.

Por otra parte, se va a solicitar que las indemnizaciones comunitarias de la UE se distribuyan a través de “sobres nacionales” que permuten a los Estados Miembros un reparto equitativo entre las Organizaciones de productores y los productores no agrupados.

Asimismo, en la iniciativa popular en el Senado se pedirá que el gobierno español, conjuntamente con la Comisión Europea y el Gobierno alemán, “financie una campaña de promoción del sector hortofrutícola español efectiva y duradera para recuperar el prestigio de la marca España y la confianza de los consumidores y hasta que alcancen los niveles de consumo y exportación anteriores a la crisis”.

Por último, también se va a solicitar el informe a los servicios jurídicos del Estado para que, en su caso, pueda servir de apoyo a las reclamaciones que sobre daños y perjuicios interpongan ante el Gobierno alemán las entidades privadas afectadas.

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