¡Más leña!

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[Jesús M. Payán Castilla].

¡Más leña!, gritaba entre enardecido y divertido Groucho Marx en aquella locomotora vieja y loca. Desconocemos si a nuestro presidente Zapatero le divierte esta vorágine de ofrendas que deposita una y otra vez en el insaciable altar de los mercados, pero enardecido tiene que estar. Porque la reforma exprés que su gobierno y su partido ha pactado con el principal partido de la oposición, solo cabe entenderse dentro de una dinámica gubernamental de total y absoluto despropósito y descontrol de la acción de gobierno. Lo que se propone es nada más y nada menos que una reforma de la constitución, y no es una reforma cualquiera, no es una reforma que carezca de trascendencia, sino que opera sobre la columna vertebral de toda acción de gobierno que se precie: se trata de limitar en nuestra Carta Magna el déficit de todas las administraciones públicas de por vida. Pero es que además, lo van a hacer sin someter la reforma a referéndum. Desde su aprobación, esta va a ser la primera reforma que se haga de nuestra Constitución, y se hace en un mes que tradicionalmente es vacacional a efectos legislativos y por un gobierno que agota sus últimos meses de mandato. Pero si las formas son injustificables, el fondo de la reforma pretendida es aun peor. Esta modificación de nuestra Constitución, no busca un mejor encaje de nuestra Carta Magna a las actuales circunstancias socioeconómicas de nuestro país, sino que se trata del enésimo peaje que nuestro gobierno paga a la codicia criminal de los mercados. Ésta reforma, ha sido impuesta por el Banco Central Europeo y el gobierno alemán, con ocasión de la reciente y sustanciosa compra de deuda española por el BCE. Y va a limitar la autonomía política y económica de España, de todos sus gobiernos nacionales y autonómicos en la elaboración de los presupuestos para todos los años venideros, impidiendo políticas de expansión y creación de empleo cuando la ocasión lo propicie.
El gobierno, el PSOE y el PP están dando un ejemplo lamentable de pedagogía democrática. Ésta reforma la van a ser en un tiempo record, reduciendo al mínimo los plazos legales y sin someter a la consideración de la ciudadanía la aprobación de esta importante reforma, despreciando, por tanto, a la soberanía popular.
El límite al déficit no es algo abstracto: es lo que va a determinar que tengamos o no acceso a la Educación o a la Sanidad, entre otras muchas cosas. Limitar el déficit es limitar la inversión en la sociedad.
La Constitución no exige que esta modificación sea aprobada por referéndum vinculante. Para que los ciudadanos seamos consultados sobre esta cuestión fundamental que va a afectar al resto de nuestras vidas es necesario que una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras lo solicite tras su aprobación en el Congreso y el Senado.
Los ciudadanos debemos poder votar en un asunto tan fundamental como este. Hemos de pedir a los Diputados y Senadores de todos los grupos políticos que se comprometan a solicitar la celebración del referéndum para su ratificación como permite la Constitución en su artículo 167.3.
Es muy importante que se movilice la población para que se exija que una medida de tal envergadura se vote en referéndum por la población española. Esta medida afectaría muy negativamente al Estado del Bienestar español que está hoy financiado predominantemente a nivel de las Comunidades Autónomas. Limitar su gasto implica limitar el poco desarrollado Estado del Bienestar.
La democracia española es de las menos participativas de las existentes en la Unión Europea y es escasamente democrático que una medida de tal envergadura se apruebe por las Cortes Españolas sin haber sido consultado el pueblo español.
Esta medida puede significar un ataque frontal al Estado del Bienestar español que tiene uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la Unión Europea. Aunque se habla genéricamente de gasto público, la realidad es que este gasto constituye la mayoría del gasto público y los recortes que se han hecho han sido predominantemente en las pensiones y en el empleo de los servicios del Estado del Bienestar, tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios, servicios sociales, vivienda social, pensiones de vejez y otras, así como otros componentes del Estado del Bienestar.
Fdo.- Jesús M. Payán Castilla
Secretario General Provincial USO-Huelva

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