La clínica Blanca Paloma, primer centro andaluz al que la Junta obliga a aplicar la Ley Autonómica de Muerte Digna

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José Ramón Páez, hijo de la enferma.

José Ramón Páez, hijo de la enferma. (Julián Pérez)

Huelva se ha convertido en el centro informativo de la jornada después de que el pasado martes los responsables de la clínica Blanca Paloma, ubicada en la popular barriada de La Orden, hayan sido obligados por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a retirar la sonda nasogástrica a una enferma de 90 años con el cerebro destrozado y sin posibilidad de recuperación como consecuencia del infarto cerebral que sufrió el 26 de julio. La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, sin embargo, ha manifestado que no se ha dado “una orden a la clínica, sino que se ha producido un contacto con el centro hospitalario”.

La importancia de la acción radica en que es la primera aplicación que se realiza de la Ley Autonómica de la Muerte Digna. Aunque desde el primer momento el hijo de la paciente dio a conocer la voluntad de su madre de no vivir más allá de lo que sus propias posibilidades le permitieran, la retirada de la sonda nasogástrica, que le fue puesta el 4 de agosto, no se produjo hasta hace unas horas y tras mediar la Administración andaluza en el conflicto surgido entre el centro hospitalario y el hijo de la mujer.

José Ramón Páez, el hijo de Ramona Estévez, la enferma a quien se le ha retirado la sonda, ha asegurado que “un médico se empeñó, tras permanecer un tiempo en observación, en que quería ponerle la sonda para alimentarla porque con suero solamente se deshidrataría. Así, el 4 de agosto nos dio ultimátum: o ponía la sonda o en ese momento le quitaba el suero y que nosotros nos la lleváramos a nuestra casa bajo nuestra responsabilidad, ya que, según nos dijo, no alimentarla estaba castigado con el Código Penal. Nosotros, ante ese chantaje, cedimos porque no sabíamos qué hacer”.

Clínica Blanca Paloma, situada en la barriada de La Orden. (Julián Pérez)

Clínica Blanca Paloma, situada en la barriada de La Orden. (Julián Pérez)

Según José Ramón Páez, su madre había expresado, no por escrito pero sí verbalmente y ante testigos como la enfermera de su centro de salud, “que ella, con 90 años, no quería vivir más con sondas ni con nada, que no quería ir más al hospital y que si le pasaba algo quería que le dieran una pastilla y la dejaran morir tranquila”.

Sobre el papel desempeñado por la Junta de Andalucía, que obligó al personal médico a quitar la sonda en aplicación de la Ley de Muerte de Digna tras interponer la familia una queja, asesorada por la Asociación Derecho a Morir Dignamente, José Ramón Páez se ha mostrado “satisfecho porque se ha cumplido la voluntad de mi madre”, pero “descontento porque nunca tendríamos que haber llegado a esta situación, sino que se tenía que haber respetado su voluntad desde el primer día”.

La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, por su parte, ha manifestado que no se dió “una orden a la clínica” para que retirara la sonda nasogástrica, sino que ha habido “un contacto con el centro hospitalario”.

Según Montero, una vez que se tuvo conocimiento de que la familia de la mujer se había dirigido con un escrito a la propia dirección del centro, desde la Consejería se procedió a hablar con el hospital. La consejera mantiene que la persona tiene derecho a que se respete su voluntad, debido a que el rechazo del tratamiento está “perfectamente” contemplado en la Ley de Muerte Digna de Andalucía.

Por su lado, Leire Pajín, ministra de Sanidad, ha declarado que el caso de la clínica Blanca Paloma “es el mejor ejemplo de la importancia que tiene regular los derechos y la seguridad de los profesionales del Sistema Nacional de Salud”. Pajín afirma que la legislación aporta “un marco de seguridad” y “un derecho garantizado por ley”.

También ha manifestado que “es una ley absolutamente necesaria y me llena de enorme satisfacción que el candidato PSOE diga que la primera ley que llevará al Parlamento será la de cuidados paliativos”.

La Asociación Derecho a Morir Dignamente ha expresado a través de un comunicado su “satisfacción” por la aplicación de la ley porque el proceso de la enferma “se había convertido en en irreversible”.  Asimismo consta en el documento que rechazan las actuaciones de aquellos médicos que “impiden que se garantice la autonomía de las personas en su toma de decisiones respecto a su propia vida en el marco de la legislación vigente”.

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