El juzgado archiva la querella de Derecho a Vivir contra la consejera de Salud por retirar la alimentación a Ramona Estévez

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Nicolás Morón, abogado de Derecho a Vivir, atiende a los medios de comunicación en la puerta de los juzgados. (Julián Pérez)

Nicolás Morón, abogado de Derecho a Vivir, atiende a los medios de comunicación en la puerta de los juzgados. (Julián Pérez)

El Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva ha denegado la admisión a trámite de la querella presentada por la asociación Derecho a Vivir (DAV) contra la consejera de Salud, la socialista María Jesús Montero, por inducción al suicidio en el caso de Ramona Estévez, según ha publicado El Mundo.es en una información firmada por el periodista José Carlos Aguado.

En la información de El Mundo.es consta que a esta paciente, de 91 años, del hospital Blanca Paloma de Huelva se le retiró una sonda nasogástrica por orden de la consejera, en aplicación de la Ley de Muerte Digna tras ingresar por un infarto cerebral y a petición de la familia. Una decisión que los denunciantes consideran una “eutanasia” simulada.

No obstante, el juzgado ha desestimado también la denuncia por omisión del deber de socorro interpuesta por la asociación contra Montero, la dirección del centro hospitalario y el equipo médico que atiende a la paciente. Esta decisión judicial supone, además, la segunda negativa de un juzgado a restablecer la sonda nasogástrica a Ramona Estévez en apenas dos semanas.

Según ha informado este lunes Derecho a Vivir, el auto del juez resalta que la Ley andaluza de Muerte Digna establece que la norma está hecha “para rechazar que cualquiera de las medidas o actuaciones contempladas en la misma pudieran considerarse que buscan deliberadamente la muerte sino, por el contrario, aliviar o evitar el sufrimiento, así como respetar la autonomía de los pacientes”.

En este sentido, el titular del juzgado subraya que queda patente la “petición expresa y total conformidad” de los familiares directos de Ramona Estévez en la retirada de la sonda nasogástrica, cumpliendo así la voluntad de la enferma. Así lo atestiguaron las mujeres que la asistían en su domicilio y una enfermera del centro de salud, además de los familiares.

Por otro lado, el auto señala que el informe del médico forense apunta a un “sombrío pronóstico evolutivo del ictus con escasas probabilidades de recuperación”.

También consta en la información de El Mundo.es que Derecho a Vivir ha anunciado ya su intención de recurrir esta decisión ante la Audiencia Provincial de Huelva.

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