Nuevas declaraciones confirman que el PSOE favoreció a Hiconsa

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Este martes han declarado ante el juez titular del Juzgado de Instrucción de lo Penal número dos de Ayamonte dos propietarios de terrenos en la zona desarrollada por Hiconsa en Cartaya que han confirmado que el Ayuntamiento, entonces gobernado por el PSOE, no les ofreció la posibilidad de adquirir el suelo municipal en el sector donde se construyó un centenar de viviendas. Los testigos también han asegurado que tampoco tuvieron oportunidad de hacerse con el diez por ciento de los aprovechamientos urbanísticos que le correspondían a las arcas municipales por esa operación urbanística. IU, ICAR, PA y PP denunciaron ante el juez en abril de 2009 que tanto el suelo municipal como esos aprovechamientos acabaron en manos de Hiconsa sin que mediase concurso público alguno.

Los dos testigos a propuesta de la acusación popular (IU, ICAR, PA y PP) han explicado que recibieron una oferta por el suelo del que eran propietarios que ascendió a 1,2 millones de euros. Esa oferta equivalía casi a lo que Hiconsa pagó por el suelo municipal. Sin embargo, la extensión del suelo propiedad del Ayuntameinto era el doble que la del de los dos testigos que han declarado hoy. Esto confirmaría la denuncia de que en la operación urbanística se infravaloró el suelo público para beneficiar a la empresa promotora de las viviendas. El propio arquitecto autor de las valoraciones de los suelos público y privado, Francisco Benítez, reconoció en su día ante el juez que las hizo para que fuese “económicamente viable” la venta de las viviendas que Hicosna iba a construir.

Por si fuera poco, los testigos han dicho que la oferta de 1,2 millones de euros por su suelo se hizo en el estudio de Benítez, imputado en el caso Hiconsa. Benítez fue denunciado por IU, ICAR, PA y PP en ese caso de posible corrupción urbanística porque, según las pruebas presentadas por esos partidos y la propia declaración del arquitecto, trabajaba al mismo tiempo para el Ayuntamiento, Hiconsa y el entonces primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Novoa, que, junto con el ex alcalde, Juan Antonio Millán, también está imputado.

Es muy llamativo que el mismo arquitecto que valoró el suelo municipal por la mitad de dinero que el privado fuese también el que hizo el planeamiento urbanístico de la zona donde finalmente Hiconsa construyó las viviendas, firmó el proyecto de construcción de éstas y es autor, a su vez, del proyecto de la vivienda familiar de Novoa. La valoración de los terrenos hecha por Francisco Benítez habría supuesto al Ayuntamiento la pérdida de 3,5 millones de euros, según una valoración alternativa hecha por otro arquitecto a petición de IU, ICAR, PA y PP, visada por el Colegio de Arquitectos y ratificada ante el juez por ese profesional la semana pasada.

Con las declaraciones de los testigos de hoy, el caso queda a la espera de que el juez decida si procesa o no al ex alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán; el ex primer teniente de alcalde, Miguel Novoa; la esposa de éste, María Dolores Contreras; el administrador único de Hiconsa, Juan Márquez, y el arquitecto Francisco Benítez, todos ellos imputados. Estas personas fueron denunciadas como presuntas autoras de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, contra el territorio, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionario.

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