Condena de dos años y multa para el ex alcalde socialista de Linares de la Sierra

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Vista de la localidad y la sierra onubense.

El ex alcalde socialista de Linares de la Sierra, Jaime Luis Fernández Ceballos, ha sido condenado finalmente a dos años de cárcel y al pago de una multa, así como a la devolución de 10.000 euros y a su inhabilitación para ocupar cargo público, después de que no haya habido necesidad de celebrar la vista prevista para este lunes en la Audiencia Provincial. El acusado ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía, que inicialmente le solicitaba una pena de 7 años de prisión.

Jaime Luis Fernández Ceballos se enfrentaba a una pena de siete años de prisión por construir, presuntamente, una casa ilegal en plena Sierra de Aracena y Picos de Aroche sobre unos terrenos de su compañera sentimental y costeada con fondos públicos. Además del ex alcalde, entre los imputados también estaba su compañera sentimental y el constructor de la casa, que deberá ser demolida.

El ex alcalde ha entregado este mismo lunes 7.000 de los 10.000 euros que malversó de los fondos públicos. Con el acuerdo ha evitado una pena mayor y entrar en la cárcel, cosa que no hará al ser su primera condena judicial y no superar la pena los dos años de prisión. Tampoco irán a la cárcel ni su compañera sentimental ni el constructor de la vivienda.

Fernández Ceballos y su pareja decidieron en 2008 llevar a cabo, en calidad de promotores, la construcción de una vivienda en la finca propiedad familiar de la mujer. Pero esta finca no cumplía los requisitos para la vivienda, puesto que el terreno se encuentra situado en suelo no urbanizable de especial protección por estar enclavado dentro del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Para saltarse la ley, la pareja solicitó en mayo de 2008 una licencia municipal para construir una caseta de aperos de 20 metros cuadrados con altura máxima de 3,5 metros. Sin embargo, los acusados iniciaron las obras para construir una vivienda de 45 metros cuadrados en dos plantas (una subterránea) con salón, chimenea, cocina y baño a modo de ‘segunda residencia’, incompatible con la legislación protectora de este parque natural de la provincia de Huelva. Pero además, el alcalde costeó la edificación con fondos municipales y remitió al Ayuntamiento tres facturas sin detallar si fueran obras municipales.

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