CSI-F considera “un obstáculo” para los ciudadanos la reducción de los partidos judiciales que apoya el CGPJ

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Palacio de Justicia de Ayamonte.

Palacio de Justicia de Ayamonte.

Reducir casi a menos de la mitad los partidos judiciales, según la propuesta del Consejo General del Poder Judicial, es una medida que “vendrá a agravar aún más la maltrecha situación del sector de justicia” según ha manifestado el sindicato CSI-F. En este sentido, la Central Sindical considera que la disminución de los partidos judiciales será “un obstáculo y otro elemento disuasorio más” (unido a las nuevas tasas judiciales) al ejercicio de los derechos ante los juzgados y tribunales por parte de los ciudadanos.

Este nuevo modelo de demarcación judicial supondrá la fusión de partidos judiciales -renombrados como circunscripciones- al reducir el número total a menos de la mitad. El establecimiento de estas circunscripciones se realizará en poblaciones superiores a 100.000 habitantes, lo que significará -según CSI-F- que municipios y provincias con una densidad de población menor se verán privadas de un acceso a la Administración de justicia en condiciones de igualdad con los grandes núcleos urbanos. Además, con esta medida se agravará la situación de las personas con discapacidad de escasa movilidad y con problemas de acceso a los edificios judiciales.

En lo relativo a los empleados públicos del sector de Justicia, CSI-F cree que van a sufrir una regresión de sus derechos (traslados de domicilio y familia y desplazamientos a diario al nuevo centro) y el empeoramiento de las condiciones de trabajo de gestores, tramitadores, funcionarios de auxilio judicial, secretarios judiciales, médicos forenses y jueces, entre otros cuerpos.

CSI-F insiste en que “no podemos cargar al ciudadano, en estos momentos de crisis, con nuevas tasas y con desplazamientos que disuadan o limiten el derecho a la tutela judicial efectiva”. De igual forma, el sindicato recuerda que “la justicia es un servicio público esencial y básico para todos los ciudadanos con independencia del lugar en el que residan”.

Por tanto, para CSI-F el problema de la Administración de justicia no es el personal funcionario sino el derroche en medios tecnológicos inoperativos que no han solucionado los problemas del actual sistema judicial.

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