Orden de procesamiento para los socialistas Millán y Novoa por los delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas y contra la ordenación del territorio

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Juan Antonio Millán y Miguel Novoa en un acto del PSOE.

El titular del Jugado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Ayamonte ha dictado un auto por el que ordena la continuación de las diligencias del caso Hiconsa “por los trámites del procedimiento abreviado”, lo que de facto quiere decir el procesamiento de los imputados. De esta forma se da por finalizado la instrucción y se traslada a la Fiscalía y a la acusación particular para que formulen sus escritos de acusación y, en su caso, la apertura del juicio oral.

El auto establece el procesamiento de las cinco personas implicadas en este posible caso de corrupción urbanística, entre las que están el ex alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán, y el ex primer teniente de alcalde, Miguel Novoa, actualmente primer ejecutivo de la Mancomunidad de Servicios de la Provinica (MAS) y de la empresa de aguas Giahsa. Los hechos que se le imputan pueden ser “constitutivos de delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y contra la ordenación del territorio”.

La denuncia del caso Hiconsa fue presentada en abril de 2009 por IU, ICAR, PP y PA, que están personados como acusación popular. En la trama del caso están implicados el ex alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán; el ex primer teniente de alcalde, Miguel Novoa; el arquitecto Francisco Benítez Galán; el administrador de Hiconsa, Juan Márquez Rodríguez; y la esposa de Novoa, María Dolores Contreras Santana. Los delitos por los que se presentó la denuncia son prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, contra el territorio, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionario.

Los denunciantes de este caso consideran muy positivo el procesamiento porque “sin duda permitirá depurar las responsabilidades penales y civiles en las que hayan podido incurrir las personas imputadas”.

En su momento declararon ante el juez titular del Juzgado de Instrucción de lo Penal número dos de Ayamonte dos propietarios de terrenos en la zona desarrollada por Hiconsa en Cartaya que confirmaron que el Ayuntamiento, entonces gobernado por el PSOE, no les ofreció la posibilidad de adquirir el suelo municipal en el sector donde se construyeron un centenar de viviendas. Los testigos también aseguraron que tampoco tuvieron oportunidad de hacerse con el diez por ciento de los aprovechamientos urbanísticos que le correspondían a las arcas municipales por esa operación urbanística. IU, ICAR, PA y PP denunciaron que tanto el suelo municipal como esos aprovechamientos acabaron en manos de Hiconsa sin que mediase concurso público alguno.

Los dos testigos a propuesta de la acusación popular (IU, ICAR, PA y PP) explicaron que recibieron una oferta por el suelo del que eran propietarios que ascendió a 1,2 millones de euros. Esa oferta equivalía casi a lo que Hiconsa pagó por el suelo municipal. Sin embargo, la extensión del suelo propiedad del Ayuntameinto era el doble que la de los dos testigos. Esto confirmaría la denuncia de que en la operación urbanística se infravaloró el suelo público para beneficiar a la empresa promotora de las viviendas. El propio arquitecto autor de las valoraciones de los suelos público y privado, Francisco Benítez, reconoció en su día ante el juez que las hizo para que fuese “económicamente viable” la venta de las viviendas que Hicosna iba a construir.

Por si fuera poco, los testigos dijeron que la oferta de 1,2 millones de euros por su suelo se hizo en el estudio de Benítez, imputado en el caso Hiconsa. Benítez fue denunciado por IU, ICAR, PA y PP en ese caso de posible corrupción urbanística porque, según las pruebas presentadas por esos partidos y la propia declaración del arquitecto, trabajaba al mismo tiempo para el Ayuntamiento, Hiconsa y el entonces primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Novoa.

Es muy llamativo que el mismo arquitecto que valoró el suelo municipal por la mitad de dinero que el privado fuese también el que hizo el planeamiento urbanístico de la zona donde finalmente Hiconsa construyó las viviendas, firmó el proyecto de construcción de éstas y es autor, a su vez, del proyecto de la vivienda familiar de Novoa. La valoración de los terrenos hecha por Francisco Benítez habría supuesto al Ayuntamiento la pérdida de 3,5 millones de euros, según una valoración alternativa hecha por otro arquitecto a petición de IU, ICAR, PA y PP, visada por el Colegio de Arquitectos y ratificada ante el juez por ese profesional.

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