Alcalde y ex alcalde socialistas de Ayamonte declaran este jueves en calidad de imputados por un delito urbanístico

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La furgoneta a las puertas del Ayuntamiento de Ayamonte en el último registro de la Guardia Civil.

El alcalde socialista de Ayamonte, Antonio Rodríguez Castillo, y su antecesor en el cargo, Rafael González, comparecerán este jueves en calidad de imputados ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 ayamontino para declarar por una presunta trama de irregularidades urbanísticas en Isla Canela, según publica el diario Huelva Información en una información firmada por los periodistas R. Rendón y R. Moreno.

Además del actual alcalde y su antecesor, que pasó a ser posteriormente asesor en la Diputación Provincial de Huelva, están llamados a declarar otros miembros del que fuera equipo de gobierno de Rafael González.

Las comparecencias se inscriben dentro de la investigación que este juzgado lleva a cabo a raíz de las denuncias presentadas y los dos registros realizados en las dependencias municipales. El segundo de estos registros tuvo lugar el pasado año. Entonces agentes del Equipo de Investigación de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil intervenían cuantiosa información sobre presuntas irregularidades en Isla Canela.

La Guardia Civil, que inició el registro sobre las 10 de la mañana, abandonó el Consistorio ayamontino poco antes de las 17.00 horas tras cargar en un furgoneta de color blanco decenas de cajas con documentación y varios ordenadores.

La operación estaba relacionada con la investigación que lleva a cabo el Juzgado número 3 de la localidad sobre presuntas irregularidades urbanísticas cometidas por el Consistorio en unos apartamentos turísticos del núcleo costero de Isla Canela, uno de los de mayor expansión de la provincia.

Las pesquisas podrían estar centradas en la construcción de unos 80 apartamentos de la urbanización Las Marismas de Isla Canela, ya que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil sospecha de que se han podido cometer irregularidades en el cambio de uso de apartamentos turísticos a residenciales.

Fuentes municipales aseguraron entonces encontrarse “muy tranquilas” por los hechos investigados, ya que, según explicaron, “en todo momento se cumplió con lo que ordenan los planes urbanísticos para hacer el cambio de uso de esos apartamentos”, una modificación que conllevó que se perdiera “un 25 por ciento de edificabilidad”.

Esta era la segunda intervención de la Guardia Civil en el Ayuntamiento, ya que con anterioridad, en abril de 2007, siendo alcalde el también socialista Rafael González, se produjo otro hecho similar.

El registro entonces coincidió con varias denuncias contra el equipo municipal socialista. En aquella ocasión la Guardia Civil entró para rastrear los ordenadores del Consistorio tras la denuncia de un ciudadano sobre la utilización de fondos públicos para pagar la minuta de un abogado por un pleito que mantuvo el teniente de alcalde, Carlos Fernández, con un Policía Local. La versión ofrecida por el alcalde de entonces apuntaba a que la búsqueda se refería a una providencia por la cual se adelantaba al edil (que cobraba de Giahsa y no del Ayuntamiento) 300 euros para pagar una multa tras ser condenado por las desavenencias que mantuvo con un agente municipal.

El alcalde, Rafael González, aseguró que durante el registro los agentes judiciales sólo buscaban ese documento, que no encontraron, y “no se llevaron el disco duro de ningún equipo informático”, aunque al parecer sí obtuvieron copia de información económica del Ayuntamiento que ha fue trasladada al juzgado que investigaba el caso.

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