Continúa la polémica por el archivo de la denuncia contra el concejal cartayero del PSOE

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El PSOE de Cartaya ha asegurado que el archivo de la denuncia por presunta malversación y apropiación de fondos públicos interpuesta por el alcalde independiente, Juan Polo, apoyado por el PP por malversación y apropiación de fondos públicos, demuestra que han sido víctimas de “una cacería política”. El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cartaya, Alexis Landero, afirmó que el único objetivo de esta denuncia contra él era “manchar mi imagen, desacreditarme e intentar que los vecinos de Cartaya pierdan la confianza en mí y en el PSOE”.

Un día después de conocerse el archivo de la denuncia por parte de la Fiscalía en Huelva, Landero insistió en que los denunciantes (ICAR, PP y PA) han hecho “un daño irreparable a mi persona y a mi familia, algo que no le deseo ni a quienes lo han llevado a cabo”. “Me acusaron de robarle a mis vecinos y le dieron difusión a través de los medios de comunicación”, lamentó.

“Desde el primer momento dije que era inocente y aunque la espera ha sido larga, la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas han sido contundentes y no dejan lugar a dudas sobre mi inocencia. Han dicho que no ha existido delito alguno y han cerrado el expediente sin formular una denuncia”, subrayó el dirigente del PSOE.

Asimismo, Alexis Landero mostró su “indignación e impotencia durante estos largos siete meses, ante la indefensión por las falsas acusaciones que eran además injustas”. Según el socialista, “durante los cuatro años que he sido concejal de Deportes y Juventud en el Ayuntamiento de Cartaya, me he dedicado en cuerpo y alma a mis funciones, a ofrecer nuevos servicios, a mejorar los que existían y a estar a disposición de los ciudadanos 24 horas al día y todos los días del año, dejando a un lado mi vida profesional y personal”.

De este modo, Landero reiteró que “como ha quedado demostrado soy inocente, no me he quedado con nada de ningún vecino y me siento muy orgulloso del trabajo que he realizado junto con todos los trabajadores municipales”. “Lo que he hecho es cumplir mis obligaciones como concejal y ayudar a todo el que he podido y, por tanto, defenderé mi honorabilidad e inocencia desde la convicción de que siempre he actuado bien”, remarcó.

Además, el portavoz socialista exigió al alcalde y a su equipo de Gobierno, así como al PP, “que sean responsables, que no gasten dinero público en denunciar falsas acusaciones y que se dediquen a solucionar los problemas de los ciudadanos que cada vez son más”. “No quiero usar esto como un arma política porque la Justicia ya se ha pronunciado y hay cosas mucho más importantes por las que trabajar, pero tengo derecho a restaurar mi honor y a decirle a mis vecinos que mis manos están limpias y que el PSOE mientras gobernó se dedicó a gestionar”.

Por último, Landero agradeció las muestras de apoyo recibidas en este tiempo por parte de su familia, sus amigos, de sus compañeros del Partido Socialista y a “los miles de vecinos de Cartaya que siempre han estado conmigo”.

El Equipo de Gobierno de Cartaya aclara que actuó conforme establece la ley

Por su parte, el portavoz del Equipo de Gobierno, Gabriel Maestre, “desde el más absoluto respeto a la actuación de la Fiscalía” ha explicado que, en el caso de las irregularidades detectadas en el Patronato de Deportes entre 2008 y 2011, “el Ayuntamiento de Cartaya ha actuado conforme establece la ley y sin ninguna otra motivación que poner en conocimiento de los órganos competentes las citadas irregularidades, como le corresponde como organismo público”.

Maestre ha aclarado en primer lugar que “este Ayuntamiento no ha presentado ninguna denuncia contra nadie ante el juez por estos hechos, y mucho menos ha calificado los hechos jurídicamente, y por tanto, nunca ha acusado al exconcejal de Deportes ni de Malversación de Fondos Públicos ni de Apropiación Indebida”. En este sentido, explica, “lo único que ha hecho este Equipo de Gobierno es poner en conocimiento de la Cámara de Cuentas y de la Fiscalía una situación irregular en la gestión de determinados fondos públicos, concretamente de 45.000 euros procedentes del pago de las tasas municipales por parte de los ciudadanos. Estas cantidades iban a parar a una cuenta que no era municipal y que, por tanto, estaba fuera del control público, y de la que era titular el entonces concejal de Deportes y dos empleados municipales”.

Así, añade, “tan pronto se detecta esta situación, se pone en conocimiento de la Cámara de Cuentas y de la Fiscalía, con un informe de la intervención que así lo avala, entre otras cosas porque es obligación legal de cualquier organismo público ante cualquier irregularidad contable, ponerla en conocimiento de los órganos pertinentes para que la valoren. De lo contrario, sería este Equipo de Gobierno el que estaría actuando de forma fraudulenta y, en el caso de que esos fondos se hubieran utilizado para cualquier otra cosa, nos hubiéramos convertido en cómplices o encubridores de la irregularidad”.

En este sentido, añade, el propio informe de la Fiscalía avala la actuación municipal, puesto que reconoce que “se utilizaron cuentas corrientes que han quedado al margen de todo control municipal para realizar actividades deportivas que deberían haberse ejecutado a través del Patronato Municipal de Deportes”, y remarca que no ha sido una forma correcta de actuar y que se debería haber realizado a través de los cauces establecidos, junto con las demás actividades deportivas, y no haber eludido los controles propios municipales.

Esto, insiste Maestre, “viene a ratificar que la actuación municipal al poner las irregularidades en conocimiento de quien compete ha sido la correcta”, y recuerda que “en ningún momento se ha interpuesto una denuncia ante el juez contra nadie, y mucho menos calificando delito alguno, simplemente se ha actuado conforme estipula la ley en estos casos”.

Para el Equipo de Gobierno, “la actuación del entonces concejal de Deportes no fue la correcta, al desviar las tasas que pagaban los ciudadanos a una cuenta sin control público”, lo que implica que “el hecho de que no tenga responsabilidad penal no quiere decir que haya actuado correctamente, porque este dinero público iba a parar a una cuenta de la que era el titular a nivel particular”.

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