CSI-F anuncia movilizaciones en julio y agosto contra los recortes en la función pública y no descarta huelga en septiembre

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Protesta de trabajadores de la sanidad convocados por el CSIF.

El sindicato CSI-F, como organización mayoritaria en el sector público, ha manifestado su “indignación y oposición frontal” ante las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el ámbito de las Administraciones Públicas. En este sentido, ha anunciado la convocatoria de paros parciales en el conjunto de las administraciones durante los meses de julio y agosto -entre otras movilizaciones- y no descarta convocar una huelga en septiembre. El alcance del calendario de protestas se decidirá este mismo viernes por la Comisión Nacional del sindicato aunque ya el próximo lunes 16 de julio la Central Sindical saldrá a la calle contra los recortes anunciados por el Ejecutivo central del Partido Popular.

CSI-F considera que el nuevo recorte en las condiciones laborales de los empleados públicos responde a las nuevas medidas restrictivas impuestas a España por la Unión Europea como consecuencia del ajuste en el sistema bancario, una situación que -a juicio de la Central Sindical- “no tiene nada que ver con el funcionamiento del sector público y el trabajo diario de cerca de 2,7 millones de empleados públicos (más de 33.000 en la provincia de Huelva)”.

Desde el sindicato se insiste en que “hablamos de policías, médicos, docentes, personal de juzgados de instituciones penitenciarias, enfermeros, carteros, personal de oficina y atención al público; trabajadores que todos los días se esfuerzan en mantener el nivel de calidad de los servicios públicos a pesar de los planes de ajuste. No podemos consentir que la crisis sirva para desmantelar estos servicios esenciales para el ciudadano”.

En esta misma línea, para CSI-F las medidas anunciadas por Rajoy no inciden en el problema fundamental que ha lastrado las cuentas públicas durante los últimos años: la duplicidad de administraciones, el derroche en obras e infraestructuras o las estructuras administrativas ineficientes (como embajadas autonómicas en el exterior). “No puede ser que los empleados públicos volvamos a ser los paganos y la caja de ahorros del Estado cada vez que se nos anuncie una nueva mala previsión económica o un dato negativo” se asegura desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios.

Y es que los empleados públicos arrastran una rebaja salarial del 5% en 2010, dos congelaciones salariales en 2011 y 2012 y un nuevo recorte este mismo año por la Junta de Andalucía. Todo ello supone una pérdida de poder adquisitivo de más del 21% así como la amortización de plazas de personal jubilado y la no renovación de personal interino, lo que ha supuesto la destrucción de 160.000 puestos de trabajo. Todo ello, sumado a la rebaja de sueldos y el empeoramiento de las condiciones laborales en las administraciones autonómicas.

Por otro lado, CSI-F insiste en que en este país “no sobran empleados públicos pero lo que sí es prescindible son las empresas públicas, los entes instrumentales y cargos políticos”.

Pacto en la función pública

Ante esta situación, CSI-F ha reiterado su oferta de pacto de Estado en la Administración Pública que contempla, entre otros puntos, la coordinación de los servicios que se prestan en todos los niveles administrativos para evitar duplicidades, el análisis sobre la estructura administrativa evaluando las necesidades y los recursos humanos y, así, elaborar criterios generales para los diferentes sectores, y la racionalización del empleo público manteniendo una tasa de reposición que garantice la calidad de los servicios públicos y consolidar el empleo con la reducción de la temporalidad.

Finalmente, la propuesta también pretende acotar el campo de actuación de los servicios que prestan las administraciones a través de empleados públicos frente a otro tipo de servicios que prestan las empresas externas.

El PP respalda al Gobierno ante unas reformas difíciles de tomar pero “imprescindibles”

Por su parte, el Partido Popular de Huelva ha mostrado su apoyo y respaldo a las medidas anunciadas hoy por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y ha destacado que “son medidas que a nadie le gusta tomar, como ha dicho el presidente, pero que son imprescindibles para sacar a este país del atolladero en el que nos ha metido la terrible herencia de despilfarro y mala gestión del anterior gobierno socialista”.

Así lo ha indicado hoy el secretario general del PP onubense, David Toscano, que ha declarado que “la tarea no será sencilla y requerirá sacrificios, aunque no serán sacrificios estériles sino que nos llevarán a conseguir lo que nos hemos propuesto, que es recuperar la estabilidad financiera y presupuestaria para volver a la senda del crecimiento y el empleo”.

Además, el secretario general de los populares onubenses ha subrayado que el Gobierno también dará ejemplo con la reducción de cargos políticos a través de “una intensa reforma de la administración para eliminar duplicidades y garantizar mayor eficiencia en los servicios públicos”.

Toscano, en este sentido, se ha referido al proyecto de reforma de la ley de bases de régimen local, que el Gobierno aprobará de inmediato, y ha asegurado que “vendrá a resolver el histórico problema de las competencias impropias de los Ayuntamientos, que los asfixia económicamente”.

Asimismo, ha indicado que “se reducirá un 30% el número de concejales, su sueldo se homogeneizará según las características del municipio, se reducirán empresas y fundaciones públicas y se recortarán nuevamente las subvenciones a partidos, sindicatos y organizaciones empresariales”.

“Sabemos que los pasos que estamos dando duelen a las personas, pero hemos de hacerlo porque no tenemos otra opción tras la herencia recibida y la gravedad de la situación si queremos volver a la senda del crecimiento” ha destacado Toscano, que, además, ha recalcado la “valentía de un Gobierno que ha cogido el toro de la crisis por los cuernos y que nos sacará de esta”.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno está aplicando “medidas extraordinarias para un momento excepcional” y ha pedido “el apoyo, la colaboración y el esfuerzo de todos porque hay que estar unidos y remar en la misma dirección en estos dificilísimos momentos”.

UGT mantiente que la subida del IVA atenta contra el sector turístico onubense

Por su parte, UGT ha hecho público un comunicado en el que asegura que las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno de Rajoy son un “atentado” contra la clase trabajadora que, una vez más, “pagarán los costes de la crisis por culpa de una gestión nefasta que únicamente beneficia a las clases pudientes y al sector financiero y empresarial”. La subida del IVA al 21% “es un tijeretazo a los bolsillos de todos los onubenses” y tendrá como consecuencia un aumento de la pobreza en Huelva. El Gobierno de Rajoy iguala el IVA de España al que mantiene Italia “con la diferencia de que los sueldos en ambos países son muy distantes entre sí”.

UGT Huelva critica también el aumento al 10% del IVA en los productos reducidos porque afecta gravemente al turismo y a la hostelería, precisamente un sector “estratégico para el desarrollo socioeconómico de la provincia”. En este sentido, UGT exige que sea el tejido empresarial “quien cargue con el peso de la subida de impuestos estrechando su margen de beneficios, ya que tendrán una compensación económica en la reducción de la cotización a la Seguridad Social”. De lo contrario, repercutirá negativamente sobre el turismo, algo “inadmisible en Huelva por ser una de las principales fuentes de ingresos de la provincia y, por tanto, de generación de empleo”, teniendo en cuenta que los ingresos representan más del 12% del PIB.

UGT sostiene que los precios no pueden subirse más porque el IPC es similar a la media de la Unión Europea. “Si suben los precios de los productos implicaría un retroceso brutal en la economía española, algo muy perjudicial para los ciudadanos porque su poder adquisitivo es muy bajo”.

Con estas medidas, “España y Huelva principalmente, son más pobres que nunca”. Es por eso que el sindicato reclama un “mayor control de la economía sumergida y mayor vigilancia a las empresas para que éstas cumplan con sus obligaciones en el pago de sus impuestos”.

USO: “Ahora también nos quitan la paga extra”

USO Huelva también se ha posicionado tras conocer las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno por medio de una nota que dice lo siguiente:

“Acaba de finalizar hace escasos minutos la comparecencia del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ante el Congreso de los Diputados, para explicar los nuevos recortes económicos.

Y nuestros peores augurios se han visto confirmados: los empleados y empleadas públicos del conjunto de las Administraciones Públicas nos vamos a ver privados, a golpe de decretazo, del abono de la paga extra de navidad correspondiente al año 2012.

Pese a reconocer varias veces a lo largo de su intervención que está haciendo todo lo contrario de lo que había prometido en campaña electoral, Rajoy ha anunciado también la temida subida del IVA: el IVA general sube del 18% al 21%, el reducido del 8 al 10% manteniéndose el 4% para productos de primera necesidad.

Sin concretar cómo y cuándo, el Presidente del Gobierno también ha anunciado que tiene intención de revisar la jubilación anticipada, el acceso a las prestaciones por desempleo (que se reducirá del 60% al 50 % de la base reguladora a partir del sexto mes, para “animar” a los parados, a buscar empleo), la supresión de la deducción por compra de vivienda habitual a partir de 2013, nuevas tasas para el medio ambiente, recorte de las cotizaciones sociales, etc. etc.

También se reducirán en un 20 % las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales y se suprimirán un gran numero de las bonificaciones a la contratación.

En relación a la función pública, además del brutal recorte salarial mediante la eliminación de la paga extra, también ha anunciado la reducción del número de días de libre disposición, reducción de liberados sindicales, equiparación de la prestación por incapacidad temporal a la del resto de trabajadores, impulso a la movilidad de empleados públicos, entre otras.

Respecto a la reforma de las Administraciones Públicas que pretenden acometer, y para la administración local, ha anunciado la homogeneización de retribuciones de alcaldes y concejales en función de las características del municipio, la reducción de un 30% del número de concejales y el recorte e incluso eliminación de las empresas públicas.

Sin explicar muy bien cómo, Rajoy ha dicho que se van a recortar los presupuestos de los ministerios en 600 millones de euros para lo que resta de ejercicio, en su intento suicida de reducir el déficit público.

Desde FEP-USO, además de estudiar las posibles medidas de presión ante este nuevo y definitivo ataque a nuestros salarios, nos preguntamos también si esta medida será únicamente para el ejercicio 2012, o como nos tememos, nada de ésto sirva para calmar a los mercados, y los PGE-2013 consoliden la supresión de las pagas extraordinarias para siempre.

En relación al anuncio efectuado de que la suspensión de la paga extra se compensará a partir de 2015 mediante aportaciones a los planes de pensiones, desde FEP-USO nos mostramos radicalmente en contra, porque siempre hemos mostrado nuestra total oposición a este abono diferido de salarios mediante planes de pensiones, que además de no estar implementados en algunas AAPP (¿cómo se devolverá a los compañeros y compañeras que no disponen de ellos?) únicamente sirven para engordar las arcas de los sindicatos de siempre.

La USO no puede aceptar esta medida injusta y por lo tanto, en los próximos días realizaremos un calendario de movilizaciones.

También es nuestra intención hablar con TODAS las organizaciones sindicales en las Administraciones Públicas para conseguir una unidad de acción real, con el fin de evitar que esta medida se lleve a cabo”.

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