EL LABERINTO
Sin papeles
[Javier Berrio]

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Javier  BerrioLa atención sanitaria para inmigrantes sin papeles se ha convertido en un pequeño culebrón de verano sin mayor trascendencia, al menos hasta el momento. Lo que choca –aunque en el juego de partidos se dé por hecho la continua confrontación-, es la demagogia con la que el asunto se ha tratado desde la izquierda. Tanto PSOE como IU han calificado las medidas como xenófobas y racistas. A partir de ahí, cualquier diálogo o discusión sobre qué se hace con la inmigración ilegal queda ubicada en lo innombrable, en lo moralmente reprobable, en lo socialmente insolidario. Ya sabemos con qué autoproclamada autoridad ética se comportan las llamadas izquierdas, al menos en Andalucía y en España.

Pero veamos qué dice el sentido común: alguien sin papeles es un individuo que ha entrado en el Estado de forma ilegal o que, ya dentro y por las circunstancias que fuere, ha perdido el estatus de residente. Hablemos sin demagogia. Manuel Pimentel, un democristiano convencido, junto con Amalia Gómez, redactaron una ley de extranjería tan permisiva que dio lugar a los comienzos del coladero. Con la vuelta de los socialistas al ejercicio del poder central, la situación empeoró, con varios ejercicios de efecto llamada, hasta la situación presente. Por lógica legal y por sensatez, los ilegales tienen que ser devueltos a sus lugares de origen, y así lo han hecho en cierta medida los gobiernos socialistas y del PP. Y mientras se dé la absurda realidad de ilegales residiendo en el Estado español, habrá que poner ciertas condiciones al acceso a los servicios públicos. Lo contrario supone un agravio comparativo no sólo para los ciudadanos españoles naturales, sino también para los inmigrantes que han tenido que realizar esfuerzos y un determinado recorrido para convivir legalmente y en plano de igualdad con los primeros. La universalidad de los servicios ha provocado durante año no sólo la entrada masiva de personas cuya estancia no podemos mantener, sino incluso las vacaciones sanitarias desde países ricos que todos conocemos. El establecimiento de restricciones a la inmigración sin papeles resulta disuasoria para los que quieran seguir entrando de cualquier manera y pone algo de cordura dentro del sinsentido de nuestro comportamiento de país con posibilidades infinitas –imagínense, España, un Estado cuya banca ha tenido que ser rescatada, que se encuentra al borde de un segundo rescate y cuya sanidad tiene cada día mayores dificultades de financiación-.

En cuanto a ciudadanos comunitarios de países del este residentes en España sin actividad económica alguna reconocida, deberíamos comenzar a preguntarnos hasta qué punto vamos a poder seguir manteniendo su estancia y su irregularidad real, que como sabemos, no legal. El estado posee mecanismos para ayudarles en la vuelta a sus lugares de origen, pero en modo alguno quieren acogerse a los mismos, y esto supone el sobre gasto de nuestras administraciones en su atención, cuando no la de organizaciones como Cáritas, que en realidad deberían estar para otras cuestiones. En esos casos, como en el de los ilegales, la debilidad de los diferentes gobiernos ha sido total y no han protegido suficientemente los intereses de los nativos por un pretendido progresismo mal entendido y nefasto para las cuentas generales del Estado. Sólo la valentía sin complejos de la Administración puede solucionar ese problema pero, ¿tiene el actual gobierno convicción y autoridad suficiente para llevarlo a cabo? Lamentablemente no lo creo, pero será prudente esperar y ver.

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