Empleo le reclama 143.885 euros a Rodríguez Donaire por cobrar como ex minero de MRT y político al mismo tiempo

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Francisco Rodríguez Donaire (dcha de la imagen) en una rueda de prensa cuando era concejal en Valverde.

El ex diputado y ex concejal de IU en Valverde del Camino, ahora en las filas del PSOE, Francisco Rodríguez Donaire, podría verse obligado a devolver 143.885 euros al Estado si los tribunales no le dan la razón en el pleito que mantiene con el Ministerio de Empleo por las ayudas que recibió a consecuencia de las ayudas otorgadas a los mineros de MRT, donde él trabajó hasta que inició su carrera política.Rodríguez Donaire compatibilizó entre los años 2003 y 2007 las indemnizaciones otorgadas a los ex mineros con el sueldo que recibía como político en la Diputación Provincial, donde fue representante de IU hasta que pasó a las filas del PSOE, y como presidente de la Mancomunidad Campiña-Condado, donde fue elegido como tal con el apoyo de los socialistas.

Empleo considera que las ayudas dadas a los ex mineros de MRT tenían el carácter de subvención y no eran indemnizaciones, por lo que estaban reservadas para aquellos trabajadores que no tuvieran otra actividad laboral.

En el mismo caso que Rodríguez Donaire, que ha asegurado que no hay nada ilegal en su actuación y que la misma contó incluso con el aval de los servicios jurídicos de la Diputación Provincial, se encuentran otros dos mineros más.

La actuación del ministerio se inició en la etapa del Gobierno socialista con el objeto de determinar si había habido algún intruso en el expediente de regulación de MRT. El resultado de esta investigación fue que no había ningún intruso pero sí tres irregularidades, al haberse pagado subvenciones a tres ex mineros que al mismo tiempo habían estado recibiendo salarios por otra actividad (en el caso de Donaire como político).

La resolución de Empleo, que le ha reclamado tanto a Donaire como a los otros dos ex mineros las cantidades recibidas, ha sido recurrida ante los tribunales ordinarios que serán los que en última instancia determinen si el cobro fue lícito o no.

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