La Cámara de Comercio pide la supresión de la guía de circulación en Portugal

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La Cámara de Comercio de Huelva se ha dirigido al Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz Ponce, solicitándole su intervención ante el Gobierno portugués a fin de que se derogue el artículo 39 de la Ley 22-A/2007, que exige que cualquier vehículo destinado a un uso profesional que no haya sido matriculado en Portugal tenga expedida lo que se denomina Guía de Circulación, cuya vigencia además tiene carácter temporal para el vehículo.

Desde la Cámara, también se solicitará a la administración de Aduanas portuguesa, con sede en Lisboa, a que mientras este vigente esta norma, al menos, se flexibilice el procedimiento.

La institución cameral considera que esa Ley vulnera la libre circulación de mercancías, personas y servicio poniendo limites en un territorio comunitario y transfronterizo en el que se debería favorecer la cooperación empresarial y no mermar, como se está haciendo, la actividad exportadora de las empresas españolas, en este caso.

La Cámara de Comercio, explica en su escrito al Secretario de Estado de Comercio, que desde que Portugal aprobara la Ley 22-A/2007, de 29 de junio, en cuyo artículo 39 exige que cualquier vehículo destinado a un uso profesional que no haya sido matriculado en Portugal tenga expedida lo que se denomina Guía de Circulación, han sido numerosas las empresas españolas, en general, y onubenses en particular, las que han venido siendo sancionadas con multas que oscilan entre los 500 y los 330.000 euros, además de ver paralizados sus vehículos en tanto no se haga efectivo el importe de las sanciones.

Por ello, se ha solicitado la intervención del Ministerio de Economía y Competitividad a fin de que solucione el problema que pasa por instar al Gobierno de Portugal a que derogue el citado artículo por lo perjuicios que provoca a las empresas españolas, agravada la situación por el hecho de que la Guía no puede ser solicitada vía internet.

Según la Cámara de Huelva, el exigir que un vehículo de la Unión Europea tenga que pedir una autorización previa para circular por Portugal entendemos que vulnera el espíritu y la finalidad de cuantos principios han inspirado la constitución de la Unión y la rúbrica de los diferentes tratados, entre ellos el de Shengen.

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1 comentario

  1. Aurelio Pino Domínguez on

    Esta es una Ley “Pirata” o “Corsaria”. Como quieran ustedes interpretarla. Precisamente la Unión Europea, entre otros fines, contempla que la circulación de mercancías, capitales y personas, sean libres. Es decir, que las mercancías que se intercambien entre los países que conforman la UE, están exentas de Aduanas y de cualquier otra limitación. Lógicamente, aquellos transportes que introduzcan entre sus mercancías “legales”, productos que se denominan de “contrabando”, como son los estupefacientes, piedras preciosas, joyas robadas y obras de arte camufladas, estarán sometidos a las leyes propias de cada País miembro, que persigue este tipo de delitos.
    Pero no es el caso con lo que ocurre con Portugal. Este País, a veces más vecino que hermano, crea leyes a sabiendas de que son muy difíciles de acatar por los transportes de mercancías foráneos. Si Portugal actuase de buena voluntad, en primer lugar, derogaría de inmediato esa Ley, y además devolvería “lo injustamente recaudado” mediante sanciones a “los transportes pardillos” que se aventuraron a traspasar las lineas de Miño, del Duero, del Tajo o del Guadiana, creyéndose amparados por la Legislación Universal de toda la Comunidad Europea.
    La pregunta que debemos plantearnos sería:
    a) ¿Pretende Portugal “recaudar eternamente a costa los transportistas extranjeros por la tramitación de permisos o la contravención conlleva multas abusivas de corsario (el que roba para el Estado)”?.
    b) ¿Pretende Portugal que quede el transporte de mercancías en exclusiva para una cadena “paraestatal” rayando el Monopolio, establecida a pié de frontera, para activar su alicaido transporte por carretera.?
    c) ¿O acaso pretende por un largo tiempo, relantizar los intercambios de la UE, y muy particularmente los originados desde España, para reactivar algo su débil industria, transformados, alimentación y servicios?.
    La respuesta de España, a nivel de Estado a Estado, debe de ser una “queja formal” ante su Embajador en Madrid y nuestra Embajada en Lisboa, así como intercambio de cartas entre los respectivos Ministerios de Asuntos Exteriores, y lógicamente, la denuncia de esta situación, con carácter de urgencia, tanto en Bruselas como en Estrasburgo.
    Y si nos tocamos el rabo de la boina, mirando como otros juegan al dominó, esta Ley Pirata nos arruinará descarada e injustamente.

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