CSI-F vigilará los “abusos” que se cometan para justificar los ERES en las Administraciones Públicas

0

Rafael Gavilán, presidente del CSIF en Huelva.

Tras conocer el decreto que desarrolla los procedimientos de despido colectivo, la suspensión de contratos y la reducción de jornada en las Administraciones Públicas, el sindicato CSI-F -como organización mayoritaria en este sector- se ha opuesto “frontalmente” a estas medidas por considerar que el Gobierno central del Partido Popular “vuelve a cargar sobre los empleados públicos los mayores sacrificios para afrontar la crisis”.

El decreto podría afectar a un colectivo de trabajadores que supera los 800.000 en las distintas administraciones ya que se ha rebajado del 10% al 5% la minoración de créditos exigida para llevar a cabo los despidos; una cifra que se ha modificado respecto al borrador inicial que se presentó a los sindicatos el pasado verano.

En este sentido, CSI-F avisa de que va a estar “alerta” y vigilará los “posibles abusos” que se cometan en la aplicación de los expedientes de regulación de empleo. De igual forma, la Central Sindical asegura que combatirá por la vía judicial todos los despidos que se produzcan en el sector público “uno a uno” prestando especial atención a la causas de los despidos y planteando alternativas reales de ahorro que demuestren a los jueces, dado el caso, que el ERE no está justificado. Para ello, el sindicato se servirá de su Observatorio sobre la Aplicación de la Reforma Laboral para recopilar información y realizar el seguimiento de los expedientes.

CSI-F explica de que “la Administración no debe responder a criterios mercantilistas sino de eficacia y eficiencia en los servicios públicos y perseguir los intereses generales”. El sindicato asegura, en esta misma línea, que las causas económicas no dependen de las fluctuaciones de la demanda en un mercado competitivo sino de una ineficiente planificación presupuestaria. “Si un alcalde decide invertir la totalidad o una parte importante del presupuesto en una escultura innecesaria o una infraestructura sobrevalorada no puede considerarse como una causa económica sino como abuso de derecho e incluso fraude si la finalidad es crear artificialmente la situación de déficit para despedir trabajadores”, apostilla la Central Sindical.

Compartir.

Leave A Reply

Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios. Ver detalles

ACEPTAR
Aviso de cookies