Dos empresarios y su contacto en Marruecos se enfrentan a 22 años de cárcel por inmigración ilegal

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Audiencia Provincial de Huelva.

(Texto: Rosa Font)  Sacó una pistola y la puso sobre la mesa de un golpetazo: “Vas a firmar por las buenas o por las malas”. Empuñaba el arma un empresario de Punta Umbría, en una amenaza dirigida directamente contra dos ciudadanos marroquíes, a los que supuestamente mantenía de forma irregular en España.

La escena se producía a comienzos de 2010 en uno de los despachos de una conocida gestoría de la localidad costera. Ahora llega a juicio: el próximo lunes 19 de noviembre en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. Los protagonistas, el empresario I.G.M. (el que sacó el arma), el propietario de la gestoría (libre de cualquier acusación), y un tercer ciudadano español, J.F.M. Los perjudicados, dos inmigrantes procedentes de Marruecos, G.A. y A.K.

En aquel despacho, se libraba una discusión por algunas incidencias en el contrato de trabajo que el empresario I.G.M. había proporcionado a uno de los trabajadores, que le pidió poder abonar por su cuenta las cotizaciones sociales algunos meses más para garantizarse algunas ayudas públicas. Ante la negativa del acusado, G.A. le respondió que no firmaría ninguna de las nóminas pendientes así como tampoco el finiquito. Tras esta advertencia I.G.M. sacó el arma (resultó ser detonante) y los inmigrantes huyeron a toda prisa.

Acababa así un nuevo caso de favorecimiento de inmigración irregular, que cuenta con una tercera pieza en juego, el contacto de los dos empresarios en Marruecos, el también marroquí R.K. Los tres acusados se enfrentan a una pena que suma los 21 años de cárcel por favorecer la inmigración ilegal con ánimo de lucro, a los que I.G.M. añade otro años más por un segundo delito de amenazas, según la acusación que formula la Fiscalía.

La historia había comenzado dos años antes (finales de 2008) en suelo marroquí, cuando R.K contactó con los dos perjudicados y les propuso emigrar a España a cambio del pago de 9.000 euros, corriendo a cargo de éstos la obtención del visado para entrar en el país. En los meses siguientes se hicieron los trámites y J.F.M. llegó a viajar a Marruecos para recoger los pasaportes de los perjudicados, que entraron vía Ceuta, tras pasar la frontera, y de ahí saltaron hasta Punta Umbría, donde vivieron temporalmente en el domicilio de R.K.

Una vez que se les caducó el visado de estancia en España, se facilitó a G.A. y a otro compatriota dos contratos de trabajo a nombre de la empresa de explotaciones pesqueras de I.G.M., sin que realizaran trabajo alguno y abonando además la cantidad de 255 euros mensuales en concepto de cotizaciones sociales. Según el fiscal, los tres acusados se repartieron todas las ganancias a partes iguales.

 

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