Abogados del turno de oficio exponen al Defensor del Pueblo su delicada situación

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Reunión de los abogados del turno de oficio con el Defensor del Pueblo.

La Asociación de Abogados del Turno de Oficio de Huelva, representada por Ángel Llamas Magro y Daniel Martínez Lavandera) se han entrevistado con el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, para hacerle llegar las quejas de los Abogados de Oficio, principalmente los importantes retrasos en el pago de los servicios de asistencia legal gratuita que se presta en virtud de convenios entre los Colegios de Abogados y la Junta de Andalucía y la suspensión del Servicio de Asistencia Jurídica Penitenciaria.

En dicha reunión se puso de relieve la difícil situación que viven los abogados que prestan este servicio básico en un estado de derecho, sus malas condiciones de trabajo, así como la preocupación por el impacto negativo que pueden tener los impagos en la continuidad del servicio y la desatención que se genere en las personas que lo necesitan, amenazando con la supervivencia del propio sistema de justicia gratuita.

Desde ATOHUELVA se explicó al Defensor del Pueblo Andaluz, que según la secretaría técnica del Colegio de Abogados de Huelva, sólo en Huelva se adeuda a los más de 400 abogados del turno por parte de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, más de un millón y medio de euros correspondiente a los tres primeros trimestres de 2012, y que estas cantidades no sólo sirven para pagar a los abogados sino al propio Colegio de Abogados, cantidades que necesita para sufragar los gastos del servicio y que de no recibirlas no podría prestar.

Desde la asociación se viene advirtiendo reiteradamente del peligro que corre el sistema de justicia gratuita y de la posibilidad de suspender su servicio; las últimas noticias que anuncian la suspensión del servicio por parte de los Colegios de Abogados de Córdoba y de Jerez, así como los que presumiblemente se irán produciendo, vienen a poner de relieve que el riesgo era real y que caso de no paliarse inmediatamente afectará igualmente a Huelvay a toda la comunidad autónoma, con el irreparable perjuicio a personas, bienes jurídicos y derechos.

 

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