CSI-F denuncia que el Gobierno ha reducido en más de un 85% la oferta de empleo público respecto al año pasado

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Protesta del CSIF en la Delegación de Hacienda.

La propuesta de la Administración para la próxima convocatoria de empleo público (que se publicará antes de final de año) incluye aproximadamente 100 plazas para funcionarios en los subgrupos A1 y A2 (licenciados y diplomados) frente a las 668 plazas incluidas en la oferta de 2011, lo que supone una reducción de más del 85 por ciento.

Estas plazas, según el sindicato CSI-F, se repartirán “a duras penas” en los siguientes cuerpos: inspectores de hacienda, interventores, inspectores y subinspectores de trabajo, técnicos auditores y contabilidad, técnicos de Hacienda, investigadores doctores (profesores, científicos y científicos investigadores) y agentes de Hacienda Pública. Esto se debe a la política de amortización de vacantes, con una congelación generalizada de las ofertas de empleo público salvo en determinados puestos en los que se admite una reposición del 10%.

De esta manera, si el año pasado se dieron de baja 1.134 personas únicamente se cubrirán una de cada diez. En lo que se refiere a la promoción interna, la Administración plantea tan solo 225 plazas, la mitad que el año anterior.

Ante esta situación, el sindicato CSI-F ha exigido al Gobierno que se pronuncie de manera formal si tiene previsto realizar EREs sobre el personal laboral de la Administración General del Estado ante el proceso de amortización de vacantes. Tras esta denuncia de la Central Sindical, la Administración ya ha manifestado su intención de abordar este asunto durante las próximas semanas.

Por otra parte, según los últimos datos de la Seguridad Social, en lo que va de año se han producido 63.880 bajas en el sector de Administración Pública y Defensa y Seguridad Social, fundamentalmente por la no reposición de efectivos y la prohibición expresa de consolidación de empleo temporal. CSI-F considera que esta política va a causar un daño irreparable a las plantillas de los organismos que ya a día de hoy son mayoritariamente deficitarias, con un incremento muy significativo de las cargas de trabajo. Esta situación, a juicio del sindicato, perjudicará la calidad del servicio público que se presta al ciudadano además de suponer una “severísima regulación de empleo”.

Por todo ello, CSI-F una vez más rechaza la posibilidad de EREs en la Administración a un personal que ganó su plaza por concurso-oposición y de nuevo exige que se acaben los recortes sobre unas plantillas “claramente insuficientes”. Además, denuncia la incongruencia que supone la constante externalización de servicios al sector privado teniendo en cuenta la supuesta ausencia de recursos para el empleo público.

 

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