Artículo de Fernando Vergel: “La Ley de Tasas y la Constitución Española”

0

La Ley de 20 de Noviembre de 2012, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia ha producido un rechazo general, no sólo por los llamados operadores jurídicos (jueces, fiscales, secretarios y funcionarios judiciales, abogados y procuradores), sino por muchos estamentos sociales, que han opinado sobre la dudosa constitucionalidad de una medida impositiva que restringe el acceso a la Administración de Justicia por parte de los ciudadanos.

Como quiera que las respuestas a este rechazo general por parte de los responsables políticos de estas medidas resultan muy poco convincentes, utilizando eufemismos como la “racionalización de la litigiosidad” para justificar la promulgación de esta Ley, o aludiendo a determinados intereses de los Abogados, cuando lo pretendido es, sin mayores ambages, la limitación del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, resulta necesario elevar a la consideración de la opinión pública, un objetivo resumen cronológico de las disposiciones legales que han regulado esta especie de copago disuasorio, para cuya implantación tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo han desplegado una eficacia y rapidez, que ya sería deseable para solventar los verdaderos problemas que acucian y ponen en peligro el desarrollo social de la ciudadanía y que pueden desembocar en situaciones irreversibles de cuya generación todos, absolutamente todos, tengamos que arrepentirnos, cuando ya no sea posible solución alguna.

En el año 1951, en plena efervescencia de las cartillas de racionamiento, fueron implantados los llamados entonces “Aranceles Judiciales”, en forma de honorarios de los secretarios y oficiales de los Tribunales de la jurisdicción civil y contencioso-administrativa, estableciendo, distintivos porcentajes según el tipo de procedimiento y la cuantía del mismo.

En el año 1959, se modificó la denominación inicial por la de “Tasas Judiciales”, gestionadas por el Ministerio de Justicia, permaneciendo, con ligeras variantes, los mismos conceptos y porcentajes.

Ni que decir tiene que las disposiciones normativas dictadas al respecto, carecían de preámbulo y exposición de motivos, pues se acostumbraba a no dar muchas explicaciones y poco o ningún interés en solicitarlas.

Ya en el año 1963, una vez consolidado el régimen implantado tras la drástica y trágica disminución de la población, se promulga una Ley, en la que, con ligeras variantes pero con el mismo fin, se regulan las tasas judiciales, que pasan a constituir un ingreso integrado en los presupuestos generales del Estado y se explicita previamente en su articulado, que los ingresos obtenidos serán destinados a la adecuada retribución de los funcionarios judiciales, como pieza fundamental para el desarrollo de los principios en que se basa la Administración de Justicia.

Superada la llamada transición y aprobada la Constitución Española, llegamos al año 1986 y en plenas Navidades, el día 24, se promulga la Ley nº 25 de dicho año, en la que se regala al pueblo español, sin buey y sin mula, la gratuidad de la Justicia con la supresión de las tasas judiciales, envuelta en un atractivo preámbulo en el que se formulan las siguientes manifestaciones:

La Constitución propugna en su art. 1º la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político como valores superiores del ordenamiento jurídico español, matizándose estos principios en el artículo 9, que instituye a los poderes públicos en la obligación de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, y de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, que en el ámbito de la Administración de Justicia se manifiestan en el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos, reconocido en el artículo 24, proclamando que la plena implantación de ese añorado triunvirato de la justicia, la libertad y la igualdad, depende que todos los ciudadanos (entonces no se incidía en el empleo conjunto del femenino) puedan obtener justicia cualquiera que sea su situación económica o su posición social.

Esta Ley puede que sea la de menor extensión que se ha promulgado desde la instauración de la democracia, pues sólo está compuesta de dos artículos, en los que se establece la supresión de las tasas judiciales, las que se devengan por las actuaciones del Registro Civil y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados que también gravaba los escritos y resoluciones judiciales.

Pero, cumpliéndose una vez más el refrán de que no hay dicha que cien años dure, se celebra el primer aniversario del triunfo electoral del partido que ha asumido la heroica misión de gobernar el país, la nación o como quiera llamársele, y en la emblemática fecha del 20 de Noviembre se aprueba la Ley nº 10, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, cuyo preámbulo se comenta por sí solo, porque somete al pueblo español a un ejercicio de examinar su grado de inteligencia, ya que la recuperación de las tasas judiciales se presenta como un triunfo democrático, que la mayoría de los ciudadanos han rechazado con rotundidad y contundencia.

Se afirma en este inefable Preámbulo, en un exceso de osadía, tanto pretenciosa como prepotente, que el derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita, porque se trata de dos realidades jurídicas diferentes y es la propia Constitución la que, al encomendar al legislador la regulación del alcance de la justicia gratuita, está reconociendo que el ciudadano (se le ha olvidado añadir ciudadana) puede pagar por los servicios que recibe de la Administración de Justicia, y la osadía se convierte en desfachatez, cuando se añade que la Ley pone todo el cuidado en que la regulación de la tasa no afecte al derecho a acceder a la justicia como componente básico del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado por el artículo 24 de la Constitución, de acuerdo con la jurisprudencia a este respecto del Tribunal Constitucional.

Es decir, que el justiciable que acude a los Tribunales para que sancionen favorablemente sus derechos, no sólo no puede quejarse por tener que pagar para ello, sino que tiene que agradecer y sentirse orgulloso de que el Gobierno, cual mítico José María el Tempranillo, exija que primero pague, en beneficio de aquellos otros menos afortunados que tienen que suplicar la aplicación de los beneficios de la justicia gratuita, beneficiarios que son los que, en un porcentaje muy elevado, abusan de tal derecho, dedicándose, como puro divertimiento, a plantear pretensiones insostenibles.

Y tampoco es cierto, y de ello es consciente el Gobierno, que el Tribunal Constitucional haya proclamado que la implantación de las tasas judiciales, con carácter general, es conforme con nuestra norma fundamental, porque lo que ha dictaminado en la Sentencia de 16 de Febrero de 2012, con carácter muy limitado y concreto, es que no infringe la Constitución la Ley que en el año 2002 estableció el pago previo de la tasa a las personas jurídicas con ánimo de lucro, sujetas al impuesto de sociedades y con una facturación anual elevada, que acudan a la vía jurisdiccional civil.

Por ello, fundamentar la extensión del pago las tasas judiciales a las personas físicas que no tienen acceso a los beneficios de la justicia gratuita, con base en este criterio del Tribunal Constitucional, sólo puede alcanzar un calificativo: involución, y puede que algún día el Gobierno se tenga que arrepentir de esta decisión, que convierte, una vez más, a la llamada clase media, en víctima del afán recaudatorio que ha caracterizado el primer año de legislatura, olvidando que mientras las personas jurídicas no votan, si lo hacen las personas físicas, que podrán aguantar, no se sabe hasta cuando, esta progresiva presión fiscal, pero que difícilmente podrán admitir, que uno de sus más inviolables derechos, el de la tutela judicial efectiva, se vea cercenado, constreñido y pisoteado, por el obligado “pase por taquilla”.

Existen mecanismos legales para evitar el abuso de derecho, como es el artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permite la imposición de multas que pueden alcanzar la cuantía de 6.000 euros, que los Tribunales pueden imponer mediante resolución motivada. Exíjase que se aplique este precepto, y se limitará el abuso de acudir a la justicia con pretensiones insostenibles y entiérrese, de una vez por todas, esas ruedas de molino con que se pretende justificar la implantación de nuevos impuestos que impiden el ejercicio de derechos constitucionales, porque lo que ha empezado por distintos movimientos de indignación, puede reconducirse hacia contestaciones revolucionarias y, desgraciadamente, la historia demuestra que las revoluciones nunca son pacíficas, aunque se adornen de rojos claveles.

Fernando Vergel Araujo.

 

Compartir.

Leave A Reply