CSI-F exige la paralización de la Ley de tasas y propone abrir un período de negociación

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Protesta de los trabajadores de Justicia contra los recortes.

El sector de la Administración de Justicia sigue en pie de guerra. Las reformas que se están adoptando, lejos de beneficiar a los ciudadanos, van a colapsar aún más los juzgados y creará desigualdades sociales según el sindicato CSI-F. La Central Sindical ha explicado que a partir de ahora “se va a tener que pagar a unos funcionarios-empresarios como los registradores o notarios por acreditar el estado civil o casarse y los actos de lanzamiento de las viviendas o de embargo de sus bienes los van a realizar los representantes de sus acreedores”. Por ello -augura la organización- si los desahucios son un problema social a día de hoy, con la privatización de los actos de ejecución que ha propuesto la Administración la situación va a ser “dramática”.

En este sentido, CSI-F manifiesta que es lamentable cómo con la excusa de la crisis se pretende privatizar por partes el sector de Justicia cuando el principal responsable de sus carencias es el propio Ministerio. Por si esto no revistiera suficiente gravedad, lamenta el sindicato, todas la medidas que afectan a los ciudadanos y a los funcionarios se están adoptando por Decreto Ley o acudiendo al trámite de urgencia eliminando toda posibilidad de negociación. Por ello, la Central Sindical exige que se paralice la aplicación de la Ley de tasas y que se abra un periodo de reflexión para modificarla.

 

Condiciones laborales

Por otra parte, el debate sobre las condiciones laborales de los empleados públicos de la Administración de Justicia sigue encallado. CSI-F cree que con el pretexto de reducir el déficit público se están vulnerando derechos fundamentales como la negociación colectiva y se están imponiendo cambios en las condiciones laborales de los funcionarios “poniéndolos directamente en la diana como si esos derechos laborales fueran la causa de los problemas sociales y económicos actuales”.

Así las cosas, CSI-F asegura que hay “demasiada prepotencia e imposición con un preocupante alejamiento de los políticos de la realidad social que vivimos despreciando las opiniones de los profesionales de la Justicia”. El sindicato seguirá con la campaña de recogida de firmas en defensa de un servicio público de Justicia de calidad y adelanta que en enero se plantearán nuevas movilizaciones.

 

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