La Audiencia absuelve a 8 acusados en el macrojuicio del ‘Sive’ por falta de pruebas

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Actuación de la Guardia Civil bajo la coordinación del SIVE.

Los principales cabecillas de la organización, que se sentó en el banquillo el pasado noviembre, acusada de sabotear hace dos años las instalaciones del SIVE para facilitar la entrada de grupos de narcos a por la Costa onubense, una de las principales puertas de entrada de droga hacia el resto del país y Europa, continuarán en libertad, según publica la periodista Rosa Font en el diario digital pagina3huelva.es.

La información recoge que quedan libres de toda implicación por los delitos de daños, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y conducción sin licencia L.G.M., F.G.H., J.L.G.G., I.G.A., J.M.T., J.L.A.B., M.T.M.

El tribunal condena a los procesados acusados únicamente de narcotráfico, que prestaron conformidad en el juicio. Los ciudadanos de origen rumano F.G.B., N.C. y D.M, a los que se condena por tráfico de drogas a tres años y un día de prisión, más una multa de 10 millones de euros.
La misma pena impone la Audiencia a M.T. y G.P. por tráfico de drogas, aumentando en estos casos la multa a 35 millones.Salvo recurso por parte de la Fiscalía, el caso queda resuelto por unas escuchas realizadas de manera incorrecta, según ha estimado la sentencia.

Se pone punto y final a un juicio que había levantado una gran expectación en Huelva, con trece acusados asistidos por nueve letrados, y una petición de condena por parte de la acusación pública que sumaba más de 98 años de cárcel. Eran las grandes cifras de un macrojuicio que se celebró a primeros de noviembre, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial contra los miembros de una organización criminal que -según la acusación de la Fiscalía- funcionaba como una agencia de servicios para bandas de narcotraficantes, a las que presuntamente despejaban el camino para el desembarco de la droga, ofreciendo garantías de seguridad.

La acusación que pesaba sobre los ahora absueltos era la de asociación ilícita, tenencia de armas o blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. Todos habían sido detenidos en dos fases, entre finales de 2010 y abril de 2011, en el marco de la denominada Operación Mecánico, desarrollada por la Brigada de Estupefacientes de la Policía Nacional de Huelva. El operativo fue coordinado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Ayamonte y participaron además la Guardia Civil y la Fiscalía Antidroga.

Según la Fiscalía, la organización saboteaba durante las Navidades de 2010 las instalaciones que el Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) tiene en la zona de Lepe (llegaron a tirotearla y destrozarla parcialmente) precisamente para conseguir una zona muerta en los ojos de los vigías electrónicos que el SIVE tiene en la Costa occidental para frenar la entrada de droga en el país con la provincia onubense como puerta de entrada.

En la investigación, se confirmó que el grupo consiguió instalar dispositivos electrónicos de localización (balizas) en vehículos de la Guardia Civil de puestos costeros -El Rompido, Cartaya y Punta Umbría- y que utilizaba terminales de transmisiones de los empleados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que eran “extraviados” los días de los alijos y con los que la organización estaba al tanto de los avisos realizados por la sala de operaciones de Guardia Civil. Estos dispositivos de localización se detectaron tanto en las patrulleras de Guardia Civil como en las del Servicio de Vigilancia Aduanera, con los que controlaban en todo momento su ubicación y movimientos.

La organización tendría una estructura piramidal, en cuyo vértice se encontraba el cabecilla, LG.M., un mecánico cuya profesión precisamente da nombre a la operación policial, que supuestamente manejaba desde El Rompido los hilos de la organización y cada uno de sus movimientos.

Presuntamente, el cabecilla tenía en nómina a los dos agentes de la Guardia Civil que estaban acusados, que supuestamente facilitaban información sobre posibles operativos, además de la que aportaba un vigilante de seguridad destinado en la Agencia Tributaria, destinado en el muelle del Tinto, punto en el que tenía controlados los movimientos de las patrulleras de Aduanas.

Los investigadores llegaron a intervenir al grupo material de vigilancia de última generación, como prismáticos de largo alcance, teleobjetivos o equipos de onda corta para transmisiones.

 

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