El asesino confeso de la pequeña Miriam tenía vigentes órdenes judiciales de localización en Almería y Granada

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Jonathan Moya, autor confeso del asesinato de la niña palmerina de 16 meses.

El historial delictivo de Jonathan Moya está repleto de incidentes, detenciones, imputaciones y reclamaciones judiciales. Aunque las órdenes de búsqueda y captura que pesaban sobre el presunto asesino de la pequeña Miriam se cerraron en su mayoría en el mes de junio, cuando fue detenido por la Policía Nacional por una estafa en la compra de vehículos, dos mandamientos permanecían vigentes, según ha publicado el diario La Voz de Almería en una información firmada por el periodista Javier Pajarón.

El concreto, el rotativo almeriense señala que dos juzgados de Almería y Granada emitieron en los meses de octubre y noviembre sendas órdenes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la localización de Moya, un procedimiento conocido técnicamente “como averiguación de domicilio y paradero”.

Se trata de un mecanismo legal que, según estas fuentes, se usa a menudo para tener “controladas” a personas presuntamente vinculadas con pequeñas hechos delictivos, pero de insuficiente calado para solicitar el arresto inmediato. Es decir, el juez pide a las autoridades policiales que digan dónde está el sospechoso al que no tiene modo de contactar por vía ordinaria.

La Voz de Almería revela que en su expediente, desde 2008 constaban tres domicilios conocidos en Abrucena (el cortijo Torremarfil propiedad de su padre y donde fue arrestado), un piso en Fiñana y una vivienda en La Cañada de San Urbano (Almería) correspondiente a su madre.

Las órdenes se emitieron por el Juzgado de Instrucción número Uno de Almería el 15 de octubre de 2012 y por un Juzgado de Instrucción de Guadix (Granada) el 27 de noviembre de este mismo año. Ambas constan como vigentes en las bases de datos utilizadas; no estaban aún canceladas.

Las peticiones de localización se produjeron, por tanto, justo después de la salida de Jonathan Moya del centro penitenciario de El Acebuche en el mes de julio. Allí había permanecido casi dos años internado por un delito de estafa -con un inciso de libertad condicional en primavera-.

La Guardia Civil y la Policía Nacional le suman 18 antecedentes al joven de 25 años, incluido el secuestro y supuesto asesinato de la pequeña onubense. Además de la estafa que le llevó a la cárcel, el caso más llamativo fue la detención realizada por la Policía en el mes de junio por hacerse pasar por agente para apropiarse de coches y motos en venta a través de Internet.

El periódico almeriense también informa que cuando la Policía Judicial lo arrestó en la calle Pedro Jover de la capital, junto a la vivienda del también detenido en el secuestro de Míriam, Raúl R. F., tenía pendientes dos órdenes de búsqueda y detención. Procedían del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Almería, que había decidido revocarle la libertad condicional teniendo en cuenta su comportamiento y del Juzgado de Instrucción número Cinco de Almería.

El titular de este juez le reclamaba por la apropiación de un vehículo a motor. Curiosamente, fue este juzgado quien le envío a prisión por hacerse pasar por Policía Nacional (luego se inhibió en favor de otro órgano)

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