En una decisión unilateral y en contra del parecer de todos los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Justicia celebrada el día 23 de enero, la Junta de Andalucía ha decidido cerrar por las tardes (y a partir del próximo 1 de febrero) todos los Registros Civiles de nuestra Comunidad Autónoma sin excepción.
Esta medida supondrá un notable perjuicio para los ciudadanos que hasta ahora han podido acudir por las tardes a los Registros Civiles de Andalucía a fin de evitar las largas colas que, cada vez con más frecuencia y tamaño, se forman en horario de mañana en estos órganos.
La Consejería de Justicia alega motivos económicos para la supresión de este servicio de tardes que venía siendo realizado de forma ejemplar por unos 800 trabajadores/as en toda Andalucía.
Lo más llamativo e inexplicable de este nuevo recorte es que el coste de este servicio durante 2013 (2,300,000 euros) estaba ya presupuestado y aprobado en 2012 en una Ley de hace tan solo 23 días por el Parlamento Andaluz con esta y no otra finalidad. Preguntados los responsables de la Consejería para que nos expliquen a las organizaciones sindicales a que fin se va a desviar esta partida presupuestaria, no han sabido o no han querido contestar.
De nada han servido las decenas de informes que se han realizado por Jueces y Secretarios Judiciales de toda Andalucía, responsables de estos Registros Civiles, solicitando que no se procediera a esta medida, al prestarse un servicio modélico al ciudadano y advirtiendo que conllevaría un importante aumento de la carga de trabajo y de los tiempos de espera actuales.
Especialmente perjudicados serán colectivos como el de la tercera edad, que acudían por la tarde para la expedición de certificaciones de “fe de vida”, y que en poco más de cinco minutos eran atendidos, cuando esta misma gestión por la mañana conlleva horas de espera. También se verán perjudicados aquellos ciudadanos que por motivos laborales no pueden acudir en horario de mañana, y que han venido realizando la solicitud de certificaciones de forma telemática con objeto de recoger las certificaciones ya cumplimentadas por la tarde.
La medida además supondrá un nuevo recorte de retribuciones al personal de la Administración de Justicia de Andalucía, al que ya se le iba a recortar en 2013 otro 5% de su salario, de tal forma que los trabajadores afectados verán reducidas sus retribuciones mensuales en torno al 20 % en total.
Esta medida, además, conllevará una inevitable dilación y retraso en temas tan importantes como la averiguación de los datos registrales de los “niños robados” que ha de hacerse forzosamente de forma manual.
La Junta de Andalucía pone su granito de arena en la carrera por desmantelar este Servicio Público y que pretende culminar el Gobierno Central con la privatización de los Registros Civiles en toda España para dejarlos en manos de Notarios y Registradores de la Propiedad.
