Los sindicatos representativos de Justicia han denunciado este miércoles ante la opinión pública la intención del Gobierno Central de continuar con la decisión de desjudicializar los Registros Civiles de Andalucía con la clara intención de “entregárselos” a los Registradores de la Propiedad, en un acto unilateral de privatización de un servicio público y esencial desconocido en la Administración de Justicia.

Esta medida supondría la desaparición de 27 puestos de trabajo en Huelva. Asimismo, han denunciado que “la junta de Andalucía haya decidido cerrar por las tardes el Registros Civil” medida que afecta en la capital onubense a 53 trabajadores y, que repercutirá en el servicio público de calidad que se prestar a la ciudadanía. En señal de protesta los funcionarios de Justicia estarán encerrados, en el día de hoy, en el Juzgado de la Alameda Sundheim, nº 17 hasta las 19:30 horas.

Para los sindicatos, estas medidas supondrán un notable perjuicio para los ciudadanos que hasta ahora han podido acudir de manera gratuita a los Registros Civiles e incluso, por las tardes en Andalucía a fin de evitar las largas colas, originadas entre otras por la multitud de expedientes de nacionalidad devueltos por el Ministerio de Justicia desde el año 2008 hasta el día de hoy, y que por tal motivo, cada vez con más frecuencia y tamaño, se forman en horario de mañana en estos órganos.

La Consejería de Justicia alega motivos económicos para la supresión de este servicio de tardes que venía siendo realizado de forma ejemplar por unos 800 trabajadores en toda Andalucía. Por ello, hoy se ha llevado a cabo un encierro de los trabajadores en defensa de sus puestos de trabajo y por un servicio público de calidad. El 20 de febrero está prevista una nueva concentración en señal de protesta.

Asimismo, en cuanto a las declaraciones realizadas por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de modificar la ley de tasas judiciales para reducir la cuantía de las mismas, CCOO considera “insuficiente” dicha modificación y ha exigido “la derogación de la ley que entró en vigor en noviembre” ya que produce una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.