La Junta abre en Huelva 15 expedientes a taxistas ‘piratas’

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La Consejería de Fomento y Vivienda abrió en Andalucía durante el ejercicio 2012 un total de 118 expedientes sancionadores por realizar servicios de transporte público de viajeros sin autorización, los denominados taxis ‘piratas’. En los tres primeros meses de este año las infracciones que han sido castigadas ascienden a 43, con lo desde el pasado año hasta la actualidad se acumulan 161 casos tramitados. Con esta labor inspectora, desde la Junta de Andalucía se pretende luchar contra el intrusismo en el sector del taxi.

Las sanciones impuestas están cuantificadas en 1.501 euros cada una, y en caso de reincidencia o especial gravedad de la infracción por la magnitud del beneficio ilícitamente obtenido, el perjuicio causado o la repercusión social la infracción puede castigarse con una cuantía de 4.601 euros. De hecho, de los 161 expedientes tramitados desde 2012, en 78 se aplicó la multa máxima y en 83 se penalizó la infracción con la sanción más leve.

Por provincias, en Almería y Cádiz se han registrado 34 sanciones, respectivamente; en Granada cuatro, en Huelva 15, en Jaén siete, en Málaga 48 y en Sevilla un total de 19. En Córdoba no se han tramitado expedientes por ese concepto.

Este tipo de castigos suele ir acompañado, tal y como establece la actual Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT), de ámbito y competencia estatal, del precinto del vehículo infractor, aunque esta medida no puede llevarse a cabo hasta la tramitación completa del expediente y debe ser ejecutada por la Subdelegación del Gobierno.

Dado el carácter diferido de dicha sanción y la dificultad que conlleva localizar al infractor y el vehículo una vez que ha concluido el procedimiento, desde la Consejería de Fomento y Vivienda se está trabajando conjuntamente con los taxistas para aplicar en la comunidad una norma que permita la inmovilización del turismo en el mismo momento en el que se detecta el acto ilícito. No obstante, al ser la normativa que establece estas sanciones una ley estatal, el Gobierno autonómico no puede introducir cambios en su corpus legal, por ello el texto que se está redactando se incluirá como modificación de la Ley 2/2003 de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, de carácter autonómico. Con esa iniciativa, que responde a una reivindicación planteada por el propio sector, se pretende articular medidas más ágiles y eficaces contra las prácticas piratas que se detectan en este ámbito del transporte.

El intrusismo en el sector del taxi no sólo supone un grave perjuicio económico para los profesionales que prestan este servicio de transporte de forma regulada y de acuerdo a la Ley, sino que también deja totalmente desprotegido al consumidor que, en algunos casos, es absolutamente desconocedor de que el conductor no cuenta con el permiso reglamentario.

 

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