Las reformas de Gallardón harán perder 100 empleos en la justicia de Huelva

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Protesta de funcionarios de Justicia en Huelva.

Protesta de funcionarios de Justicia en Huelva.

La Plataforma unitaria de la Administración de Justica se ha concentrado hoy miércoles 22 de mayo frente a las instalaciones de Justicia de Huelva para “frenar el desmantelamiento del sistema judicial que está llevando a cabo el ministro Gallardón”, y que supondrá además “la pérdida de miles de puestos de trabajo en toda España, superando la centena en la provincia de Huelva”.

Para Aquilino García, delegado sindical en Justicia de CCOO Huelva , tras la eliminación del derecho a la tutela judicial efectiva que Gallardón aprobó mediante la publicación de la ley de tasas judiciales y su propuesta de entregar a los registradores los registros civiles, ahora, en el Consejo de Ministros del pasado viernes, 3 de mayo, el Gobierno de Rajoy ha aprobado el anteproyecto de reforma de la LEC que consagra la privatización de los actos de comunicación y de los embargos convirtiendo a los procuradores en agentes de la autoridad, lo que conllevará, además de un nuevo paso en el desmantelamiento de la Administración de Justicia como servicio público, la eliminación de miles de puestos de trabajo.

Igualmente, CCOO ha criticado la atribución a la Fiscalía de la dirección de las investigaciones penales, incluida en las reformas presentadas por Gallardón, lo cual “tiene como consecuencias inmediatas la desaparición de las faltas (y, por tanto, de las guardias para juicios de faltas inmediatos), a lo que hay que sumar que la asignación de los procedimientos por delito a las Fiscalías afectará directamente a los bolsillos de todo el personal funcionario destinado en los Juzgados de Instrucción, de 1ª Instancia e Instrucción y de Violencia sobre la Mujer que en la actualidad realizan (y cobran por ello) cualquier tipo de guardia”.

Ante esta situación, desde la Plataforma se muestran firmes en sus reivindicaciones, que se fundamentan en alcanzar compromisos por parte del Gobierno para que “no desaparezca ningún puesto de trabajo en la Administración de Justicia; no haya nuevos recortes en las retribuciones de ningún funcionario o funcionaria; se elimine la movilidad geográfica forzosa, y la paralización de los proyectos que supongan la privatización de cualquier servicio de la Administración de Justicia”.

 

 

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