Arranca en la Audiencia Nacional el juicio contra dos grupos de narcos de Sevilla y Huelva

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La Guardia Civil llamó 'Herradura' a esta operación. (Foto: página3huelva)

La Guardia Civil llamó ‘Herradura’ a esta operación. (Foto: página3huelva)

Septiembre de 2010. Una avioneta se estrella en suelo marroquí, a una treintena de kilómetros de Tánger, y desencadena uno de los golpes más sonados contra el narcotráfico en Andalucía occidental. Así comienza la noticia publicada por Rosa Font en http://pagina3huelva.es/.

Apenas diez días después de que la Agencia Tributaria y la Guardia Civil cerraran (6 de mayo de 2013, según el comunicado oficial) las investigaciones por la logística e infraestructura económica de la denominada Operación Herradura, los miembros de las dos organizaciones de Huelva y Sevilla detenidos en el marco de este operativo por introducir hachís a través de la ruta onubense, comenzaban a desfilar en el juicio abierto en la Audiencia Nacional.

Entre los grupos de Sevilla y Huelva, liderado este último por J.M.C.V., apodado Ferramache, son once los acusados – con diferentes posiciones en el staff- los que se sientan en el banquillo por tráfico de drogas, sumando una petición de condena de 107 años de cárcel y una multa millonaria que alcanza los 56 millones de euros. En la lista de acusados, I.A.H., colíder de la red onubense que en octubre del pasado año aparecía muerto con un disparo en el pecho cerca de Ayamonte, donde residía.

En aquel primer accidente en Marruecos, los investigadores consiguieron identificar al cabecilla del grupo sevillano, F.J.M.C., y a uno de sus principales colaboradores, J.M.G.G., que dejó rastro al pasar la frontera el mismo día del siniestro de la avioneta.

A partir de ahí, meses de investigaciones, seguimientos e intervenciones telefónicas por parte de la Guardia Civil hasta descabezar y desmantelar ambas bandas.

Hubo un segundo accidente. En marzo de 2011, otra avioneta se estampó contra el suelo en pleno aterrizaje, cuando iba a cargar la droga en Marruecos, falleciendo los dos pilotos (D.P. y M.A.E.M.) contratados por la organización para el traslado aéreo del hachís.

Del grupo sevillano forman parte también M.E.B. y F.J.C.M.. El eslabón entre la red hispalense y el grupo de Ferramache se descubre en Valdelamusa, en la finca La Machorra, alquilada por el cabecilla de F.J.M.C. para esconder las aeronaves que utilizaba –desde el aeródromo la Juliana de Bollullos de la Mitación- para introducir el hachís en España. La finca de Valdelamusa estaba a nombre del fallecido I.A.H., el que –según la versión que mantiene la Fiscalía en su escrito de acusación- estuvo pagando, junto con Ferramache, a los pilotos fallecidos.

Los líderes de la organización en Huelva poseían una infraestructura en la provincia dedicada a la introducción de hachís desde Marruecos utilizando embarcaciones semirrígidas con motores de alta potencia que hacían llegar a la costa de la zona de Ayamonte, en la desembocadura del río Guadiana. Forman parte además, según la acusación C.M.G., S.B.H., M.J.R.S., M.R.G. y D.R.M.

Como resultado de las escuchas telefónicas se averiguó que ambos participaron en varios envíos de estupefaciente desde Marruecos a España desde el inicio de la investigación, así como en el envío en el que se produjo el segundo accidente.

Para J.M.V.V., la Fiscalía pide 13 años de prisión, accesoria de inhabilitación absoluta, dos multas de 8 millones, la misma condena que para F.J.M.C. (sin multa), ambos considerados cabecillas de la organización, en Huelva y Sevilla.

Para el resto de los acusados, la acusación pública solicita nueve años de cárcel y en cinco casos multas de ocho millones de euros.

Un topo en la Guardia Civil de Tráfico

En paralelo a las investigaciones que se desarrollaban en Andalucía, se abría otra investigación en la provincia de Valencia con un personaje común a ambas tramas: I.A.H.

El fallecido I.A.H. pide por teléfono a uno de sus colaboradores que se informe de la procedencia de una matrícula. “Es alto voltaje”, le responde. La matrícula pertenecía a un vehículo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las investigaciones de la Guardia Civil llevan a uno de sus departamentos en Sevilla, al Subsector de Tráfico, y Asuntos Internos, siguiendo el rastro informático llega al agente que hacía de topo para la organización, D.I.B., para el que se pide la inhabiltación por tres años.

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