Juan Carlos Lagares considera una “demanda ciudadana” la Ley de Transparencia que impulsa el Gobierno

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Juan Carlos Lagares -izquierda- junto a Enrique Pérez Viguera en una comparecencia pública. (Julián Pérez)

Juan Carlos Lagares -izquierda- junto a Enrique Pérez Viguera en una comparecencia pública. (Julián Pérez)

El Partido Popular de Huelva ha considerado que el Gobierno central da respuesta a una demanda ciudadana con el impulso a la Ley de Transparencia que tramita en el Congreso y que supone, como ha señalado el diputado nacional del PP por Huelva, Juan Carlos Lagares, “la reforma más profunda por la regeneración” y una norma que “regula la obligación de facilitar información a los ciudadanos y algunas pautas de funcionamiento contra la corrupción”.

El dirigente popular ha destacado que “la Ley de Transparencia es inaplazable para los ciudadanos y ha sido un Gobierno del PP el que ha decidido impulsarla”. En este sentido, ha indicado que se trata de un texto que pretende dar “más información a los ciudadanos porque todas las administraciones tendrán la obligación de publicar toda la información relativa a la gestión del dinero público, sin solicitud previa”.

Del mismo modo, ha señalado que será una Ley por cuyo cumplimiento velará “el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano que, entre sus funciones, tendrá la resolución de los conflictos que puedan surgir”.

Como aspectos destacados de la Ley que elabora el Gobierno, el diputado popular ha destacado que “se aprovechará la creación de la Autoridad Fiscal independiente y el refuerzo de otros organismos, para garantizar la eficacia de la Ley”. “En un momento en el que los ciudadanos desconfían de los políticos y de las administraciones, se hace más indispensable esta Ley para devolver la confianza en las instituciones”, ha subrayado el popular, que ha puesto el acento en que esta norma posibilitará “tener un mayor control de las instituciones que se financian con dinero público, incluida la Monarquía”.

Así, ha informado de que “además de partidos y sindicatos, también se incluirá al Banco de España y a aquellas entidades privadas que reciban una financiación pública relevante y los grupos parlamentarios definirán la cuantía mínima que determine esa relevancia”.

Asimismo, “se refuerzan las sanciones contra el despilfarro y la mala gestión y se tipifican como infracciones los conflictos de intereses, incumplimientos disciplinarios, o la obstrucción al ejercicio de transparencia”. También, se fijará un baremo público sobre las retribuciones de los cargos públicos”.

Por ello ha invitado al resto de partidos a sumarse a esta necesaria Ley porque “oponerse a ella sin presentar alternativas es poner obstáculos a una ley clave para iniciar la regeneración democrática”.

“España, Andalucía y Huelva necesitan políticos que aprovechen las oportunidades para que haya consenso, no oportunistas que sacan partido de romper los consensos”, ha concluido el popular.

 

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