Un funcionario se enfrenta a 12 años de cárcel por cohecho y abusos sexuales

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Cobros de dinero a cambio de documentación, peticiones de favores sexuales y hasta desapariciones de expedientes. Un único funcionario de la Oficina de Extranjería de Huelva responderá por el escándalo que en 2006 puso contra las cuerdas a la Subdelegación del Gobierno, tras quedar al descubierto un rosario de irregularidades, según publica ABC en su edición de papel y recoge la página http://pagina3huelva.es/

El funcionario al que la Fiscalía apunta como responsable único se enfrenta a doce años de cárcel, según la petición de condena del Ministerio Público al que ha tenido acceso este diario, por un delito de cohecho continuado (tres años), dos de abusos sexuales (un año y medio por cada delito) y cinco de solicitud sexual en el ejercicio de funciones públicas (un año y tres meses por cada uno de ellos). Además, solicita su inhabilitación por periodo de siete años para empleo o cargo público relativo a la tramitación de expedientes, información, asesoramiento, intermediación, formación y apoderamiento de ciudadanos extranjeros.

En el banquillo estarán además dos ciudadanas de origen chino propietarias de diversos comercios en Huelva, acusadas de cohecho, a las que se ofreció a tramitarles de forma positiva diversas solicitudes de trabajo y residencia de ciudadanos chinos aunque no cumplieran con las exigencias legales, cobrando por dicha práctica 8.000 y 5.00 euros, respectivamente.

Los expedientes de once ciudadanos chinos que fueron identificados durante la instrucción de la causa “desaparecieron sorprendentemente”, remarca el fiscal en su escrito, de forma que no existe soporte en papel de los mismos ni copia digltal. Para evitar ser identificado como único tramitador de aquellos expedientes, el acusado usaba en ocasiones los ordenadores de otros funcionarios de la Oficina de Extranjería cuyas contraseñas conocía.

“Si yo te arreglo esto, ¿tú que me das a cambio?. Favor, con favor se paga”.

En la causa hay a dos testigos protegidas y al menos otras tres mujeres que confirmaron en sede judicial instrucción las propuestas y abusos que supuestamente llegaron a sufrir a manos del funcionario, que les aseguraba que la documentación que necesitaban dependa exclusivamente de él.

“Si yo te arreglo esto, ¿tú que me das a cambio?. Favor, con favor se paga” era, según las testigos, expresiones habituales del funcionario. Una de las testigos llega a relatar que en una visita que realizó a la oficina, el acusado cerró la puerta del despacho y obligó a su marido a esperar fuera. En el interior, el acusado se desabrochó los pantalones con la Intención que la testigo le practicara una felación, lo que efectivamente hizo para conseguir regularizar la situación de su hijo. En una visita posterior a las dependencias, “la manoseó con ánimo libidinoso los pechos y genitales de la perjudicada” para posteriormente comunicarle que no podría hacer nada por el expediente de su hijo.

La Fiscalía subraya que la causa, abierta hace siete años, ha registrado dilaciones extraordinarias e indebidas en su tramitación, con sucesivas paralizaciones.

El escándalo en la Oficina de Extranjería saltó a raíz de un informe, fechado en abril de 2005, que un agente de la Policía Nacional adscrito a la Oficina dirigió al Ministerio de Administraciones Públicas, y que remitió al Defensor del Pueblo andaluz. En el escrito daba cuenta, con todo lujo de detalles, de prácticas dudosas que -según el documento- salpicaban a responsables del departamento. El agente llegaba a asegurar que en la resolución de expedientes “primaba la categoría personal o económica del interlocutor de la llamada telefónica recibida o la recomendación de turno”.

El secretario de la Subdelegación (dese el último Gobierno del PP hasta ahora hasta que saltó el escándalo), constató ante la autoridad judicial durante la instrucción que tuvo conocimiento de irregularidades a manos de algunos funcionarios, tanto directamente por boca de la jefa de la Oficina de Extranjería como de otros funcionarios y de operadores jurídicos. En todos los casos, lo comunicó al Subdelegado del Gobierno (sin especificar más) para que éste lo comunicara a la Policía. La Subdelegación, según dijo, estaba al tanto de lo que ocurría.

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