La Junta replica al PP que es el Gobierno el que está acabando con el Estado del Bienestar

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En relación con la información difundida hoy por el PP sobre el Salario Social, la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social ha emitido un comunicado en el que asegura que “resulta sorprendente que una vez más el PP arremeta contra la Junta de Andalucía en materia de servicios sociales cuando desde este partido a nivel nacional y en las comunidades donde gobierna se está llevando a cabo una auténtica destrucción del Estado del Bienestar y un distanciamiento de los ciudadanos. Recurriendo además para este ataque a argumentos que no se corresponden a la realidad.

A diferencia de esta posición, una de las prioridades de la Junta de Andalucía es atender las necesidades de los colectivos más vulnerables, para lo cual cuenta entre otros recursos con el Programa de Solidaridad, conocido como Salario Social, cuyo objetivo es garantizar la cobertura básica de las familias con menores recursos económicos.

Dentro de este programa, en lo que llevamos de 2013 se ha aprobado esta ayuda para 609 familias residentes en Huelva, a las que ya se han conce-dido 404.000 euros. Asimismo, esta misma semana se va a celebrar la tercera comisión de este año de valoración del programa, donde se van a ratificar 339 nuevas solicitudes presentadas, que implican una inversión total de la administración autonómica de 650.000 euros.

En 2012, las familias beneficiarias en la provincia de Huelva ascendieron a un total de 1.313, mientras que la cuantía destinada fue de 2,8 millones de euros.

Con el objetivo de agilizar los trámites relativos a las peticiones de concesión del Salario Social a las personas que lo necesitan, el Decreto Ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la Lucha contra la Exclusión Social recientemente impulsado por la Junta contempla una dotación extraordinaria de 44 millones de euros. Una cifra que se suma a los 70 millones consignados con anterioridad en los presupuestos autonómicos de 2013.

Así, desde la administración andaluza no sólo no se está paralizando el Programa de Solidaridad, sino que gracias a este decreto se va potenciar para hacerlo aún más efectivo. En contraposición a ello, la única preocupación del PP es boicotear y criticar las medidas que desde Andalucía se están adoptando para atender a la población en riesgo.

El decreto ley viene a certificar, pues, la apuesta de la Junta por mante-ner e incluso aumentar en la medida de lo posible los servicios sociales a disposición de los ciudadanos, a pesar del entorno de crisis económica en que nos encontramos y los fuertes recortes realizados por el Gobierno central a Andalucía.

Recortes que sólo en materia de dependencia, por ejemplo, ascienden entre el año pasado y éste a 214 millones de euros menos de financiación. Con ello, nuestra comunidad, que aglutina a más del 25% de las valoraciones, prestaciones y personas beneficiarias de la Ley de Dependencia, asume hoy por hoy el 75% de su inversión frente al 25% del Estado, cuando éste debería hacer frente a la mitad.

En cuanto al Plan Concertado, que consiste en la subvención de los ser-vicios sociales comunitarios que prestan los ayuntamientos y diputaciones, la Junta afronta en la actualidad el 86% del mismo por sólo un 14% del Estado, una situación insostenible y de total abandono por parte de éste, ya que cuando se concibieron estas ayudas el compromiso era también de reparto equitativo entre las administraciones.

Pero el Estado no sólo ha disminuido la financiación de la gran mayoría de prestaciones sociales, otros programas directamente los ha eliminado, tales como la atención a inmigrantes en materia de integración y alojamiento, atención a la infancia, servicio de apoyo a la familia, envejecimiento activo y discapacidad o salud pública y participación”, concluye el comunicado.

 

 

 

 

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