Militantes del PCA ocupan una finca pública para exigir la reforma integral del campo andaluz

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Militantes comunistas durante la ocupación de la finca.

Militantes comunistas durante la ocupación de la finca.

Varias decenas de militantes, dirigentes y simpatizantes del Partido Comunista de Andalucía (PCA) en la provincia de Huelva han participado este sábado en la ocupación simbólica de una finca pública, ubicada en el término municipal de Lepe. Esta movilización forma parte de la campaña que está llevando a cabo el partido para reivindicar una reforma agraria integral para el campo andaluz. La ocupación se desarrolló sin incidentes a lo largo de la mañana de hoy y supone el inicio de una serie de movilizaciones y de encuentros con organizaciones agrarias andaluzas, sindicatos y otros colectivos que tienen como finalidad elaborar una propuesta de reforma agraria que sirva para modernizar el campo andaluz y que este sector pueda generar puestos de trabajo. El PCA ha llevado a cabo ocupaciones como ésta en el resto de provincias de Andalucía.

El vicesecratario general del PCA, Juan de Dios Villanueva, que ha denunciado durante esta ocupación que “en Andalucía el 55% de las tierras cultivables están en manos de tan sólo el 3% de los propietarios, lo que supone una injusta acumulación en manos de unos pocos que supera los datos correspondientes a la década de los años 30 del pasado siglo”. Villanueva precisa que en Andalucía hay algo más de medio millón de personas afiliadas al régimen agrario “que se ven obligados a subsistir con trabajos precarios y temporales y cuyos ingresos mensuales, cuando los tienen, son de tan sólo unos 420 euros al mes”.

Por ello, el PCA apuesta por una reforma agraria integral que sirva para modificar el reparto de la propiedad del campo andaluz y para abordar su modernización, como medio para crear los puestos de trabajo que tanto necesita esta parte de la población andaluza.

Además, el vicesecretario provincial del PCA, Daniel Hernando, declaró que el partido apuesta por la entrega a las cooperativas de trabajadores de las 22.000 hectáreas públicas que posee la Junta de Andalucía y por la creación de un Banco Público de Tierras, cuya ley va a tramitarse en el Parlamento Andaluz, de tal forma que la Junta de Andalucía adquiera autoridad moral y política para abordar la reforma agraria en los latifundios de propiedad privada.

 

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