El alcalde de Cartaya aclara la participación municipal sobre las terrazas de El Rompido

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El Ayuntamiento de Cartaya ha aclarado hoy que el consistorio no tiene competencia alguna en la zona de Dominio Público Marítimo Terrestre de El Rompido, donde se ubican las terrazas de los restaurantes del núcleo turístico. Aclara al respecto que “estas terrazas se ubican en terrenos de uso público en los que únicamente tienen competencias la Dirección General de Costas y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía” y puntualiza que ha sido Costas quien ha abierto expedientes sancionadores a los propietarios por considerar que se encuentran ocupando un espacio público de forma ilegal.

Así, recalca Polo, “el Ayuntamiento, lo único que ha hecho cuando ha tenido noticia de estos expedientes es precisamente interceder ante la Subdelegación del Gobierno, concretamente ante el subdelegado, Enrique Pérez Vigueras, y el responsable de la Dirección Provincial de Costas, Gabriel Cuena, para promover el acuerdo y para que el colectivo no salga perjudicado, logrando que la administración central flexibilizara los plazos y las condiciones lo máximo posible, siempre en el marco de la legalidad vigente”.

Tras esta reunión, detalla el primer edil, “los responsables municipales se han reunido con los empresarios para trasladarles los plazos que ha establecido Costas, para que vayan reduciendo la ocupación del espacio público, pero en ningún caso es el Ayuntamiento el que los obliga a desmantelar sus instalaciones o a retirar las terrazas”.

Desde el Consistorio se asegura que “nuestra única pretensión es buscar una solución a una situación que viene de hace más de quince años y que está generada por la falta de legalización de estas terrazas, que ocupan suelo público y que las administraciones con competencias, en ningún caso el Ayuntamiento, exigen que se adapten a la legalidad vigente”. “Es más,- insiste el primer edil-, el Equipo de Gobierno es totalmente partidario de encontrar una fórmula que garantice la continuidad de estos negocios, y ya le hemos trasladado al subdelegado nuestra firme apuesta por promover un acuerdo que siente las bases de una solución sólida, consensuada y necesaria para legalizar la situación de estos empresarios y garantizar su futuro”.

DESMENTIDO SOBRE LA VINCULACIÓN CON LA BARRANCA

El primer edil ha desmentido también “rotundamente” cualquier vinculación de este asunto con el acuerdo de pleno relativo a los terrenos de La Barranca de El Rompido o con la futura construcción de un paseo marítimo en el núcleo turístico. Para empezar, Polo deja claro que “un futurible paseo en El Rompido, en ningún caso podría ir ubicado donde se encuentran las terrazas, sino más alejado de la zona de dominio público marítimo terrestre”. Además, asegura, su futuro desarrollo, que en ningún caso sería antes de 2.022 por exigencias del Plan de Ajuste, “sería totalmente compatible con las actuales terrazas”.

Con respecto al acuerdo de pleno del pasado 4 de abril relativo al terreno de la Barranca, el concejal de Urbanismo ha desmentido que “este Equipo de Gobierno haya privatizado los terrenos de la Barranca de El Rompido, que nunca han dejado de ser una propiedad privada, puesto que aunque en el año 2000 el Ayuntamiento inició el expediente para expropiar los terrenos, el anterior equipo de gobierno aprobó en Junta de Gobierno el 1 de febrero de 2011, no expropiarlos por carecer de consignación presupuestaria para hacer frente a los 1,7 millones de euros que exigía la propiedad”.

Así las cosas, señala Maestre, “el 12 de agosto de 2011 el propietario presentó un requerimiento exigiendo que el Ayuntamiento haga frente a la expropiación o libere estos terrenos, que desde el año 2.000 figuran en el planeamiento urbanístico del municipio como suelo a expropiar, con el gravamen que ello implica. Ante esta situación y ante la imposibilidad de hacer frente al alto coste de los mismos, debido a la deuda que este Ayuntamiento arrastra como consecuencia de la gestión del anterior Equipo de Gobierno, el pleno acordó en abril normalizar la situación de los terrenos, entre otras cosas porque no podíamos dilatar más en el tiempo una situación de falta de resolución sobre los mismos que se ha prolongado durante más de doce años”.

Para Maestre “es una auténtica desfachatez que el grupo municipal socialista exija ahora al Equipo de Gobierno que pague, en plena crisis económica, 1,7 millones de euros por unos terrenos cuando ellos tuvieron la oportunidad de hacerlo cuando gobernaban, en época de bonanza económica, y no lo hicieron, cerrando el expediente en falso y dejando abierta la posibilidad de la reclamación por parte del propietario”.

 

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