El Decreto-Ley contra la exclusión social se coordinará entre los ayuntamientos y la Diputación

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Encuentro en la Diputación para coordinar la aplicación del decreto.

Encuentro en la Diputación para coordinar la aplicación del decreto.

La diputada de Bienestar Social, Rocío Cárdenas y el diputado territorial de la Sierra y responsable de la Oficina 079, José Luis Ramos, han informado a los alcaldes y alcaldesas de los municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes sobre el Decreto-Ley de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la Exclusión Social en Andalucía.

El objetivo de esta reunión ha sido el de hacer una puesta en común para velar entre todas las administraciones por el buen desarrollo e implantación de este Decreto-Ley 7/2013 de medidas contra la Exclusión Social en Andalucía, de 30 de abril. Decreto que tiene una “importancia vital en los tiempos de tanta dificultad que están atravesando las familias”, como ha señalado el diputado territorial de la Sierra, José Luis Ramos, quien ha subrayado la necesidad de marcar una estrecha coordinación entre alcaldes, concejales y técnicos de los ayuntamientos con los Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación.

Durante esta sesión informativa con los alcaldes y alcaldesas, la diputada de Bienestar Social, Rocío Cárdenas, ha explicado los tres grandes ejes que conforman este Decreto-Ley, siendo el primero el Plan Extraordinario de Acción, que conlleva a su vez dos grandes programas: el programa de ayuda a la contratación con un total de 40 millones de euros para Andalucía, de los que corresponde a la provincia de Huelva 2.469.378 euros, siendo 1.195.923 euros los destinados a los municipios menores de veinte mil habitantes, que son objeto de esta reunión.

El segundo programa que incluye este primer eje es el programa de consolidación del servicio de ayuda a domicilio, con un total de 20 millones de euros para toda Andalucía, correspondiendo a la provincia de Huelva 1.886.074 euros y de éstos 1.168.218 euros serán gestionados por la Diputación Provincial para los municipios menores de veinte mil habitantes para seguir prestando este servicio.

El segundo eje de este Decreto-Ley es la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria, que abarca a su vez dos acciones: la creación de la propia Red y el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria, que consta de dos líneas como son la concienciación social a los integrantes de la Red y poder asegurar la garantía alimentaria a través del apoyo a corporaciones locales para la compra y reparto de alimentos, apoyo a entidades integradas en la Red Alimentaria, el refuerzo a la alimentación infantil en los centros docentes y de personas mayores en centros de participación activa (antiguos centros de día) y la ampliación de las ayudas económicas familiares.

El tercer eje se trata de la ampliación de una línea que no es nueva, como es el Ingreso Mínimo de Solidaridad. Se amplía la dotación presupuestaria en 44 millones de euros más en toda Andalucía, lo que va a permitir un aumento en este concepto.

Una vez repasado a grandes rasgos el decreto, la reunión ha concurrido desarrollando con más detalle los ejes y acciones que requieren en estos momentos una respuesta rápida y eficaz por parte de los ayuntamientos y una búsqueda de una perfecta coordinación con los Servicios Sociales Comunitarios de la institución provincial en todas las acciones donde se va a desarrollar un trabajo conjunto, ofreciéndose por parte de la Diputación todo el asesoramiento y la orientación precisos en el proceso de implantación de este Decreto-Ley.

Por otra parte, Cárdenas ha presentado las medidas aprobadas por la Diputación de Huelva para las situaciones de vulnerabilidad social, a través del Plan Provincial de Acción Social 2013-2015, que se aprobó en el pleno de 5 de junio, y que cuenta con cinco ejes estratégicos: prevención, asistencia y tratamiento, inserción social, vulnerabilidad social y un quinto eje transversal de participación de la sociedad civil.

Dentro de este Plan, la medida más importante aprobada ha sido el Programa Extraordinario de Empleo para situaciones de Vulnerabilidad Social Sobrevenida, que cuenta con una dotación de un millón de euros, dirigido a municipios menores de 20.000 habitantes, que se pondrá en marcha a principios de septiembre. Durante estos meses serán aprobadas las bases para su concesión. La gestión de este Programa recaerá sobre los ayuntamientos y para la distribución de los fondos se valorará el número de demandantes de empleo no ocupados y la población total de los municipios.

 

 

 

 

 

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