Isla y Punta recurren el reparto de cuotas de pesca en el Golfo de Cádiz

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Puerto de Isla Cristina.

Puerto de Isla Cristina.

Los Ayuntamientos de Isla Cristina y Punta Umbría han presentado hoy sendos recursos impugnando la Orden AAA/627/2013, de 15 de abril, por la que se establece un Plan de gestión para los buques de los censos del caladero nacional del Golfo de Cádiz y con la que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente incide sobre el reparto de las cuotas de pesca a la flota que faena en este caladero que afecta a especies como el boquerón o la cigala. En dichos recursos se pide además la suspensión de la efectividad de la Orden impugnada.

Con ello los Ayuntamientos de Isla Cristina y Punta Umbría, continúan mostrando, al igual que ya han hecho en numerosas ocasiones, su apoyo al sector y su postura al respecto, ha dado un paso más y han presentado esta mañana sendos recursos impugnando la Orden Ministerial ante la situación en la que se encuentra el sector en la actualidad.

Así, la alcaldesa de Isla Cristina, María Luisa Faneca ha señalado que “tenemos que estar a lado del sector porque Isla Cristina es un municipio eminentemente pesquero y parte de nuestra economía depende en gran medida de la pesca, por lo que tenemos que defender la postura del sector e intentar que se nos escuche en Madrid porque no estamos recibiendo el trato que merecemos.” Por este motivo, como señala Faneca “los Ayuntamientos afectados hemos decidido unirnos e impugnar una orden que muy poco nos beneficia.”

Por su parte, el alcalde de Punta Umbría ha dicho que “hemos querido apoyar al sector con esta iniciativa tras observar el trato discriminatorio que se está dando a la modalidad del cerco de Punta Umbría en el reparto. Del mismo modo, la falta de sensibilidad del Ministerio y su trato de favor hacia otros puertos están haciendo un daño irreparable al sector puntaumbrieño y, por ende, a las cientos de personas que dependen del mismo en la localidad.”

Ambos ediles han apostillado que “tenemos claro que iremos de la mano de la Pesca en sus reivindicaciones, porque Punta Umbría e Isla Cristina no se entienden sin ella y es fundamental para nuestras economías.”

Y es que la puesta en vigor de la Orden produjo reacción unánime del sector cuyos representantes onubenses anunciaron que presentarían un recurso contencioso-administrativo contra dicha Orden, única opción que les quedaba ante la postura inflexible del Gobierno de la Nación. Juan Luis Serrano, asesor jurídico del colectivo, explicó en su momento que la decisión se adoptó porque “no les queda otra opción” y porque el sector entendía que el Gobierno “les ha engañado y ha utilizado para la concreción de las capturas recogidas en la Orden, en vigor desde el pasado 18 de abril, datos con los que no están de acuerdo y entienden que son ‘erróneos’ y que, consideran, sólo benefician al puerto gaditano de Barbate.”

El sector denuncia igualmente que han tenido en cuenta embarcaciones desguazadas, algo que no procede y unas notas de ventas que no casan con los datos oficiales de boquerón descargado en los puertos de Isla Cristina y Punta Umbría. Igualmente se ha indicado que el Gobierno basa la regulación en el acuerdo alcanzado el pasado 14 de febrero en Sevilla entre representantes del sector por el que se realizaba un reparto de cuotas de 50 % lineal y un 50 % histórico, un acuerdo que según el sector “no se ha cumplido”.

Desde el sector se lamentan que desde el Ejecutivo se les han prometido explicaciones en numerosas y lo único que se nos pasan “son datos en los que se aplican unas variables con unas ponderaciones que no sabemos de donde salen y que se aplican según el tonelaje de cada embarcación (GT) algo que nunca fue negociable”.

Por este motivo y de la mano de ambos consistorios, se ha presentado el recurso contencioso- administrativo contra esta orden por entender que “conculca no sólo la normativa pesquera, pues no se hace reparto justo y equitativo, sino también el principio de igualdad” y que van a solicitar que suspenda su vigencia hasta que se resuelva el procedimiento, período en el que consideran tendría que aplicarse un arbitraje alternativo.

“Si todo el mundo tiene la misma licencia de pesca para salir a faenar todos han de tener el mismo reparto y si se ha optado por reparto distinto que se justifique, pues a día de hoy no hay criterios que expliquen que haya un reparto distinto para las embarcaciones Golfo de Cádiz”, indican representantes del sector.

Por último, quieren hacer constar su desacuerdo por el hecho de que la Orden no venga acompañada de una resolución que aplique un tope de captura al boquerón para preservar los recursos de la especie, a pesar de que se viene solicitando desde 2004 y que contemple una parada de 58 horas consecutivas los fines de semana.

Cabe recordar que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ya remitió en su momento a las Comunidades autónomas implicadas un borrador de la Orden en la que entre otros objetivo está el de agrupar en una sola norma las medidas técnicas que afectan a las distintas modalidades de pesca que se practican en este caladero (arrastre de fondo, cerco y artes menores.)

Para simplificar el texto y dar mayor agilidad a su gestión, la Secretaría General de Pesca estableció en una resolución cuestiones como los límites de desembarques diarios y los periodos autorizados para la captura de determinadas especies. La orden contempla una gestión por trimestres de las especies que extrae la flota del Golfo de Cádiz y que están reguladas por los Totales Admisibles de Capturas (TAC). Según el Ministerio, esto facilitará un seguimiento de las cuotas y el cierre de una pesquería si se alcanza el total del cupo antes de terminar el correspondiente trimestre.

Por otro lado, la Orden fija para el boquerón que los barcos que a fecha de 1 de septiembre de cada año no hayan consumido totalmente su cuota por haber estado faenando al amparo de un acuerdo entre la Unión Europea y un tercer país verán su cupo restante repartido entre todos los buques de la modalidad de cerco. Con esta medida se evita la posibilidad de que se quede sin aprovechar parte del recurso. El Gobierno plantea, además, que la flota del Golfo de Cádiz disfrute de los siguientes porcentajes de cuota española para la siguientes especies.

 

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