La Fiscalía solicita nueve años de inhabilitación para el exalcalde de Campofrío

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La Fiscalía ha solicitado nueve años de inhabilitación de empleo o cargo público para ser alcalde o formar parte de una corporación local para José Julio González, exalcalde socialista de Campofrío (Huelva), por un delito continuado de prevaricación.

En el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio público explica que cuando este era alcalde (dimitió en 2011) “no adoptó resolución alguna” para paralizar las actividades de dos vecinos de la localidad o para incoar algún tipo de expediente sancionador, pese a que los establecimientos que estos desarrollaban (de restaurante rural y carnicería) no contaban con la licencia correspondiente.

De este modo, en el escrito recuerda que el caso del primer negocio, un restaurante rural con un bar anexo, se remonta a abril de 2005 cuando una vecina, –a la que ya se le había requerido con anterioridad el cese de una actividad para la que no contaba con autorización–, solicitó al Ayuntamiento licencia de apertura para un restaurante rural y bar anexo.

Dicho expediente contó con un informe por parte del Distrito Sanitario Sierra de Huelva-Andévalo favorable para el restaurante pero desfavorable para el bar debido a que “contaba con un solo servicio higiénico para ambos sexos”, así como el arquitecto técnico municipal también determinó que no se podía proceder a la concesión de la licencia por “deficiencias”.

Ante esto, el regidor local le requirió que subsanara las deficiencias en un plazo de 30 días, pero el establecimiento siguió desarrollando las actividades de restaurante rural y bar de copas “sin que el alcalde adoptase alguna resolución” al respecto.

El segundo caso responde a la solicitud de licencia de otro vecino para una carnicería en otro local, y en cuyo expediente constan informes desfavorables del Departamento de Calificación Ambiental del Área de Medio Ambiente de la Diputación de Huelva por “incumplir las prevenciones y mandatos legalmente establecidos en la legislación y que aseguraban su adecuación al medio ambiente”. Así, la Fiscalía incide en su escrito que el alcalde “no adoptó resolución alguna” pese a estos informes desfavorables.

 

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