Mociones del PSOE para que se retire el recurso contra el decreto antidesahucios

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Manuel Domínguez.

Manuel Domínguez.

El secretario de Política Municipal del PSOE de Huelva, Manuel Domínguez, ha anunciado que los socialistas van a presentar mociones en todos los ayuntamientos para exigir el Gobierno central que retire el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Decreto-Ley de la Junta de Andalucía para asegurar la función social de la vivienda. En este sentido, el dirigente socialista señaló que con este recurso el Ejecutivo de Rajoy antepone los intereses de la banca al de los ciudadanos.

Según Domínguez, “todos los desahucios que se hagan en Andalucía tienen un responsable político, el Partido Popular, y un rostro, el de Rajoy”. Ahora, recalcó el dirigente socialista, “el Gobierno central tiene una oportunidad de dar marcha atrás y retire el recurso, que trabaje para las personas, no al dictado de los bancos como ha demostrado al presentar este recurso y que respalde al Gobierno andaluz en las acciones que emprenda para la defensa de la constitucionalidad y legalidad de este Decreto-Ley ante el Tribunal Constitucional”.

Reforma Administración Local

Por otro lado, el secretario de Política Municipal incidió en que el próximo 19 de julio, el Gobierno central llevará al Consejo de Ministros el anteproyecto de la Reforma de la Administración Local, “un anteproyecto que todas las fuerzas políticas de este país consideran que no es constitucional, que atenta al artículo 140 de la Carta Magna, y del que también el Consejo de Estado ha emitido un informe que considera que reduce la autonomía municipal que garantiza la Constitución”.

Para Manuel Domínguez, “esta reforma es un golpe de Estado a la Constitución y no podemos entender que para ello no se cuente con los propios municipios”. Por ello, “pedimos una reforma abierta al diálogo y consensuada porque debe servir para fortalecer la autonomía municipal y para mejorar los servicios que se ofrecen a los ciudadanos”.

Sin embargo, “el anteproyecto de ley que plantea el Partido Popular es una agresión en toda regla a los ayuntamientos, y con ella, habrá municipios de primera y de segunda, todas las competencias de servicios sociales, de igualdad y de la mujer van a ser privatizadas y, además, en la provincia se pondrían en peligro 2.500 empleos”.

 

 

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