Junta y Diputación renuevan el Programa de ayuda a familias con menores en riesgo

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Firma de la prórroga del convenio.

Firma de la prórroga del convenio.

La Junta de Andalucía va a invertir un total de 532.836 euros en la renovación un año más del Programa de Tratamiento a Familias con Menores en Riesgo en los municipios del área de influencia de la Diputación Provincial de Huelva en materia de servicios sociales, es decir, aquellos con menos de 20.000 habitantes.

La Consejería de Salud y Bienestar Social ha suscrito esta mañana el convenio de colaboración con la entidad supramunicipal para la prolongación del programa, que se enmarca en las políticas impulsadas por la administración autonómica con la finalidad de promover los derechos y el desarrollo integral de los menores, a la vez que apoyar a los padres para que cumplan de forma positiva el ejercicio de la función parental y den una respuesta satisfactoria a las necesidades de los niños a su cargo.

La firma de la prórroga del convenio ha estado presidida por la directora general de Personas Mayores, Infancia y Familia de la Junta de Andalucía, María José Rico, acompañada por la delegada territorial del ramo, Lourdes Martín, y la diputada del área de Bienestar Social de la Diputación Provincial, Rocío Cárdenas.

La inversión del Gobierno andaluz va destinada a la subvención de los seis equipos de tratamiento familiar (ETF) dependientes de la Diputación, que son los encargados de aplicar el programa y realizar las intervenciones con la población diana. Estos equipos están integrados por un plantel multidisciplinar de profesionales, entre los que se encuentran psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociofamiliares.

Además de con la Diputación, la Consejería de Salud y Bienestar Social establece anualmente acuerdos de colaboración con el resto de corporaciones locales con competencias en servicios sociales para ofrecer esta prestación en el conjunto de la provincia: los ayuntamientos de Huelva, Lepe, Isla Cristina, Almonte, Ayamonte y Moguer, todos ellos con más de 20.000 habitantes, y cada uno de los cuales cuenta con un ETF. A lo largo de 2013, la Junta destinará un total de 1.125.935 euros a esta actuación.

Prevención

El programa, cuya coordinación y seguimiento corre a cargo el Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la delegación del ramo, tiene un carácter fundamentalmente preventivo y una doble finalidad: por un lado, potenciar que las familias participantes proporcionen a los menores un ambiente familiar adecuado que garantice su normal desarrollo, suprimiendo los factores que pueden ser causa de desprotección y desembo-quen en la adopción de medidas de protección que conlleven la separación del niño de su entorno tras decretarse una situación de desamparo. Y, por otro lado, promover, en aquellos casos en que sea posible, la reunificación familiar de menores sobre los que se ha adoptado con anterioridad una medida de protección, a través de la corrección de las disfunciones en la dinámica familiar que la motivaron. Para ello dispone de dos subpro-gramas: de riesgo y de reunificación familiar.

Durante el año pasado, el número de menores atendidos dentro del programa ascendió a 752, lo que supone un 6% más que en 2011 y un 25% en comparación a 2010. Las familias beneficiarias en 2012 también se incrementaron hasta 399, registrándose un aumento acumulado en los tres últimos años del 28%. En el caso específico de los ETF vinculados a la Diputación, el curso pasado fueron tratadas 211 familias y 373 menores: 191 y 334 dentro del subprograma de riesgo y 20 y 39 en el apartado de reunificación.

Principales logros

Además del incremento en su capacidad de cobertura de población en situación de riesgo, entre los resultados más destacados del programa en 2012 se encuentran los siguientes. En primer lugar, descenso tanto en el número de desamparos decretados por la Junta -77 resoluciones en 2012 por 94 en 2011- y de menores tutelados por la administración andaluza -512 frente a 572-. Estas cifras ponen de manifiesto que los trabajos de prevención y reunificación familiar que se llevan a cabo a través de este servicio son claves para evitar el desamparo de los menores.

En segundo lugar, evolución favorable en reunificación familiar. De hecho, los casos cerrados tras conseguir su objetivo de recuperar la convivencia de los padres con sus hijos se han fijado en el 51,86% frente al 34,62% de 2011.

En tercer lugar, la derivación de casos al Servicio de Protección de Menores de la delegación para la valoración de una posible medida protectora ha tenido el menor porcentaje de los tres últimos años. En concreto, sólo se han registrado 17 casos entre las 399 familias atendidas, lo que supone un 4,26% sobre el total, ante el 8,82% de 2011.

Y en cuarto lugar, disminución en los tiempos de intervención. En cuanto al subprograma de riesgo social, el 91% de los casos cerrados ha requerido un tiempo de intervención inferior a 24 meses, consiguiéndose mejorar el dato del 69,10% de 2011. Por su parte, en el apartado de reunificación familiar, han aumentado los casos que concluyeron en un tiempo de intervención inferior a 24 meses, siendo en este sentido el porcentaje alcanzado del 84,18% en contraposición con el 69,24% de 2011.

Perfil de los usuarios

Las familias destinatarias del programa presentan por lo general alguna de estas características: tienen menores a su cargo que se encuentran en situación de riesgo social; son monoparentales con hijos menores de 18 años en situación de dificultad social; en su seno se han detectado situaciones de violencia que afectan directa o indirectamente a los menores a su cargo, y tienen hijos sobre los que se ha adoptado una medida de protección y hay posibilidades de retorno.

En relación a los menores atendidos, tanto en el ámbito de riesgo social como de reunificación social presentan una media de edad de 12 años, representando el 70,64% y el 65,32%, respectivamente. La cantidad de niños por cada familia o unidad de convivencia atendida ha sido aproximadamente de 2.

Las familias y menores participantes en el programa vienen derivados de los servicios sociales comunitarios o del Servicio de Protección de Menores.

 

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