95% de bonificación en el IBI para inquilinos de viviendas de la Junta en Punta

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Los 197 inquilinos de los inmuebles públicos que la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía posee en Punta Umbría disfrutarán de una bonificación del 95% en el pago del tributo municipal del IBI gracias al convenio rubricado por la consejera de Elena Cortés y el alcalde de la localidad, Gonzalo Rodríguez. Con este acuerdo, Punta Umbría se convierte en el primer municipio de toda Andalucía que aplica esta medida, solicitada por la Consejería de Fomento y Vivienda al conjunto de ayuntamientos con parque residencial gestionado por la Administración autonómica con el fin de adecuar el abono de este tributo municipal a las condiciones socioeconómicas de los residentes, cuya economía familiar se ha visto especialmente castigada por la actual situación de crisis.

Cortés ha destacado que la asunción de este compromiso por parte del Ayuntamiento de Punta Umbría es “un ejercicio de responsabilidad, que tiene como objetivo aliviar las condiciones económicas de familias con menos recursos, para las que el pago de los impuestos puede llegar a suponer un gran esfuerzo”. “En ocasiones, en el parque público la cuantía del IBI es incluso mayor que la del alquiler de su vivienda”, ha señalado. La consejera de Fomento y Vivienda ha agradecido al alcalde de Punta Umbría que haya dado este paso y ha animado al resto de consistorios a que secunden la iniciativa.

Este descuento del 95% de las cuotas del IBI estará vigente hasta el año 2015 y se aplicará a las viviendas públicas localizadas en las barriadas del Rocío, Juan Carlos I y Plaza Piletas de Punta Umbría.

El convenio firmado recoge que el arrendamiento y venta de inmuebles protegidos de promoción pública ha de considerarse como una actividad económica de especial interés o utilidad municipal, por concurrir circunstancias sociales, invocando para ello la normativa estatal sobre tributos locales. Además, el acuerdo fija una serie de compromisos por parte de ambas administraciones. El Ayuntamiento propondrá a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), responsable de la gestión de los inmuebles, fórmulas que faciliten el pago del IBI a las familias adjudicatarias de viviendas públicas con problemas;, la Consejería de Fomento y Vivienda repercutirá este impuesto local a los adjudicatarios de estos inmuebles en un plazo que oscilará entre uno y cinco años, en virtud de los estudios socioeconómicos de cada familia.

Los inquilinos de las viviendas de promoción pública tienen entre sus obligaciones afrontar el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, de acuerdo con la legislación de viviendas de protección oficial, la normativa fiscal y la de arrendamientos urbanos. La Consejería de Fomento y Vivienda, en virtud de este marco legal y avalada por un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía que establece que la Junta “puede y debe cobrar el IBI”, repercute este tributo municipal a sus residentes desde 2010 en aquellos municipios donde el Ayuntamiento exige su pago. Hasta entonces EPSA se hacía cargo del abono del IBI sin aplicárselo a las familias en los casos en los que los ayuntamientos lo reclamaban. Esta práctica conlleva que la Consejería tenga que desembolsar en torno a unos 8 millones de euros al año por dicho concepto, “un esfuerzo económico que necesariamente implica un descenso de recursos públicos para políticas de gestión, mantenimiento e integración del patrimonio público”, ha aclarado la consejera Cortés.

De ahí que la Junta de Andalucía haya reclamado por escrito a las administraciones municipales con parque público residencial en su municipio la aplicación de las máximas bonificaciones posibles en el cobro de este impuesto teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas de los residentes. “La Junta ya está realizando ese esfuerzo en el cobro de las rentas de alquiler, aplicando todas las rebajas permitidas legalmente”, ha explicado Cortés, quien ha matizado que, además, “en el abono del IBI se está dando a las familias facilidades de pago prorrogando la cantidad a desembolsar por dicho concepto en 12 mensualidades”.

Por otro lado, la titular de Fomento y Vivienda también ha reclamado, en el ámbito estatal, una reforma normativa que propicie la exención de este impuesto municipal para el parque público de viviendas de las administraciones. “Esa medida, de la que ya disfrutan otras instituciones, caso de la Iglesia, evitaría que la Junta de Andalucía tuviera que seguir haciendo frente a este tributo con fondos públicos para posteriormente repercutírselo a sus inquilinos, con un grado de éxito en el cobro que no siempre es el deseado, y con el consiguiente menoscabo de aquellas intervenciones encaminadas a una mejor gestión de dicho parque”, ha asegurado, para añadir que “en definitiva, lo que pedimos es un ejercicio de corresponsabilidad siempre en beneficio de la población residente”.

 

 

 

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