27 noviembre 2024
Andalucía necesita menos
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Entrega del premio por el Consejo General del Poder Judicial.

Premio a la reinserción de menores en Huelva

Entrega del premio por el Consejo General del Poder Judicial.
Entrega del premio por el Consejo General del Poder Judicial.

La Junta de Andalucía ha facilitado el cumplimiento de un total de 253 medidas judiciales destinadas a la reinserción de menores infractores en medio abierto en la provincia de Huelva durante el primer semestre del año, según el balance de la Consejería de Justicia e Interior responsable en la gestión de la Justicia Juvenil.

Estas medidas de medio abierto para los jóvenes infractores forman parte del conjunto de recursos y servicios que la Junta ofrece para la reeducación y resocialización de estos menores, cuya gestión y resultados ha contado con el reciente reconocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha otorgado al departamento que dirige Emilio de Llera el Premio a la Calidad de la Justicia 2013.

Esta galardón valora el alto nivel de reinserción de menores infractores que finalizan la ejecución de alguna medida en Andalucía y que se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar una tasa del 80 por ciento de jóvenes que no vuelve a reincidir, tal como se recoge en el último estudio de investigación elaborado por la Universidad de Almería para analizar el desarrollo de la Ley de la Responsabilidad Penal de los Menores en la comunidad.

El consejero de Justicia e Interior ha subrayado que “Andalucía cuenta en la actualidad con un sistema de justicia juvenil consolidado y referente a nivel nacional, como así se ha reconocido con este premio, un sistema capaz de ofrecer recursos suficientes con una atención sólida y profesional para cubrir las necesidades generadas por las medidas impuestas por los juzgados de menores de esta comunidad autónoma”.

La mayoría de estas medidas judiciales en medio abierto aplicadas en la provincia son las referidas a los trabajos que desarrollan los menores infractores onubenses en beneficio de la comunidad (61), seguidas de las de libertad vigilada (107), y asistencia a talleres socioeducativos (15).

A estas medidas acordadas por los jueces de menores se suman otras como las consistentes en la convivencia en grupos educativos para su resocialización (38), estancias en fin de semana (14) o en centros de día (2). Por último están las medidas destinadas a corregir diversos trastornos de los jóvenes como los tratamientos de drogodependencias (8) o tratamientos ambulatorios de salud mental (8).

Nuevo servicio integral provincial para mejorar los resultados

Para dar respuesta a este tipos de medidas judiciales en medio abierto que dictan cada vez más los jueces de menores, la Consejería va a invertir más de 22 millones de euros hasta 2017 y ya está poniendo en marcha un servicio integral de Justicia Juvenil en la provincia para mejorar la aplicación de estas medidas, además de impulsar la tramitación del expediente único del menor y facilitar el acceso al mismo a los juzgados, fiscalías y técnicos que ejecutan la medida judicial, lo que contribuirá a un mejor seguimiento de las medidas y de sus resultados.

Para la ejecución de este tipo de medidas no privativas de libertad, la Administración andaluza vela por el interés superior del menor, a quien se le ofrecen las herramientas y habilidades necesarias para superar las carencias educativas o afectivas y normalizar su convivencia familiar y social. Una vez que los jueces de menores imponen esta medida, la Junta es la encargada de ejecutar la resolución judicial en los distintos centros que tiene distribuidos por todas las provincias.

La Junta está realizando un importante esfuerzo por mantener los recursos y servicios en la atención de los menores infractores pese a los últimos ajustes presupuestarios ejecutados a causa de la actual situación económica y financiera. La Consejería de Justicia e Interior ha multiplicado por tres el número de plazas de internamiento para menores en los últimos años en Andalucía, pasando de las 242 del año 2000 a las 764 que existen en la actualidad en Andalucía, y ha incrementado durante la última década un 300% el presupuesto dedicado a la intervención con estos menores, pasando de los 28,5 millones de euros invertidos en 2002 a los casi 81 millones de euros empleados en 2012.

 

 

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