La acusación pide cárcel y 26 años de inhabilitación para Carlos Sánchez

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La acusación particular, que representa al Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado, gobernado por el independiente Francisco Díaz, ha pedido para el exalcalde socialista de la localidad Carlos Sánchez la pena de inhabilitación especial para cargo público durante 26 años, cinco años de prisión y una multa de más de 20.000 euros, por presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, por el delito continuado contra la Ordenación del Territorio y por el delito de desobediencia, tras la supuesta recalificación de unos terrenos rústicos para ubicar en los mismos el recinto ferial de la localidad entre junio de 2005 y marzo de 2007.

Según reza en el escrito judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, también pide penas de prisión e inhabilitación para concejales de su corporación y para un extécnico municipal, para el que solicita más de 16.000 euros y ocho años de inhabilitación por un presunto el delito contra la ordenación del territorio.

A su vez, pide en concepto de responsabilidad civil una indemnización solidariamente al Ayuntamiento de Bollullos con la cantidad de 855.079,16 euros por el perjuicio patrimonial causado en sus arcas públicas, incrementándose dicha cantidad con los intereses legales.

Los hechos se remontan, según la acusación, a junio de 2005 cuando presuntamente el entonces alcalde del municipio comienza a gestionar la construcción de un recinto multifuncional junto al acceso norte de la variante de Bollullos Par del Condado de la carretera A-483 para lo cual el Ayuntamiento precisó terrenos pertenecientes a particulares. Para ello, firmó convenios de permuta con particulares.

La acusación considera que en dichos contratos se concertó la permuta de las fincas con terrenos urbanizables de carácter industrial que resultarían de la futura modificación del PGOU del municipio en un porcentaje variable según la superficie aportada, pero para la celebración de los contratos “no se llevó a cabo expediente administrativo alguno”.

Y todo ello, pese a que los informes de la Intervención mostraban “la imposibilidad de realizar permutas sin expediente administrativo previo y sin respetar los requisitos establecido en la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía”.

Por tanto, la acusación considera que no resultan conforme a derecho las permutas futuras que se pretendían realizar ya que los aprovechamientos que el Ayuntamiento pretendía permutar no existían al momento de la firma y no lo harían hasta la aprobación definitiva del PGOU, aprobación cuyo Órgano competente es la Junta de Andalucía.

Pese a lo anterior, el entonces alcalde negocia con unos propietarios particulares la adquisición de las parcelas expresadas en los antecedentes mediante permuta de cosa futura que realmente no existe y firma los compromisos de permuta expresados al margen de cualquier tipo de tramitación o expediente administrativo previo.

Además asegura que dos años después el exalcalde elevó a pleno la propuesta de ratificación del decreto por el que aprobó los citados convenios, siendo apoyado por los concejales acusados, “también a sabiendas de la ilegalidad de tal negocio jurídico”.

De igual modo, las obras, según la oposición fueron adjudicadas directamente a unas empresas “sin expediente de contratación alguno, sin contar con consignación presupuestaria y sin ni siquiera proyecto de urbanización”.

OTRAS IMPUTACIONES

Sánchez tiene, en estos momentos, abiertos otros procedimientos judiciales en los que está imputado por delitos como los de prevaricación y estafa por hechos que tuvieron lugar durante el periodo que fue alcalde y ya ha sido condenado a siete años de inhabilitación especial de empleo o cargo público para ser alcalde por un delito de prevaricación, en relación a la ejecución de unas obras en el Parque Ramos Mantis del municipio entre los años 2005 a 2007.

Uno de estos casos está relacionado con una denuncia interpuesta por una vecina de la localidad a raíz de un litigio iniciado por la construcción de una vivienda en suelo no urbanizable en la que se le acusa de los delitos de estafa y prevaricación. Junto a ésta tiene pendientes otra causa por su presunta implicación en la adjudicación, en el 2006, a la empresa Cespa del servicio de recogida de basuras del municipio a pesar de conocer la situación económica del Ayuntamiento y de que no contaba con el dinero necesario para hacer frente al contrato.

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