Exalcalde de Almonte y exconcejal de Patrimonio niegan los hechos del caso ‘Dehesa Santa María’

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El exalcalde socialista de Almonte Francisco Bella y el exsegundo teniente de alcalde y exconcejal de Patrimonio José Villa, que han declarado este jueves junto a otros concejales de su corporación, como imputados por un presunto delito de prevaricación y malversación de fondos públicos en relación al caso denominado ‘Dehesa Santa María’, consistente en la compra de cuatro parcelas en la legislatura 2003-2007, han negado los hechos y no han contestado a las preguntas del abogado del Ayuntamiento almonteño.

Según reza en la declaración del exalcalde ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Palma del Condado, a la que ha tenido acceso Europa Press, asegura que su intervención se limitó “a participar en las juntas del gobierno local como presidente y votar a favor de la adquisición de las fincas”, así como que la recomendación de adquirir estas propiedades “partió de la elaboración del planeamiento urbano”, que la llevaba a cabo una empresa municipal en cuyo consejo de administración “estaban representados todos los grupos políticos”.

En esta línea, ha manifestado no entender que “el procedimiento administrativo se aprobara con extraordinaria rapidez ya que suelen tardar dos semanas desde que se decide materializar el mismo”. En este sentido, ha asegurado que fue el arquitecto municipal el que realizó las valoraciones de los inmuebles y ha indicado que el precio dado “estaba por debajo de otras valoraciones similares que estaba realizando en aquella época”.

Sobre los vendedores ha destacado que los conoce del municipio pero que no tiene “ninguna relación especial con ellos”, así como que no recibió “ninguna presión de nadie para que la compraventa se llevara a cabo”.

Por su parte, José Villa también ha negado los hechos y que no cree que el expediente se tramitara “con una celeridad excesiva, ya que con anterioridad al inicio del expediente administrativo estuvieron estudiando la posibilidad de adquirir esas fincas”. Del mismo modo, ha asegurado que no tiene relación con los vendedores.

El próximo lunes declararán una de las concejales imputadas, los dos vendedores, el arquitecto técnico municipal, que realizó la primera tasación de los terrenos, y un funcionario del Ayuntamiento.

Los hechos se remontan al año 2006, cuando el equipo de gobierno socialista supuestamente adquirió cuatro fincas con una superficie total de 153 hectáreas por las que el Consistorio pagó 4,3 millones de euros, un precio, según el actual equipo de gobierno popular, “muy superior al valor real de los terrenos”.

Por ello, y con la intención de conocer el estado real de las cuentas públicas, éste encargó un informe al perito agrícola municipal del Ayuntamiento, que dictaminó que, “en comparación con otras referencias catastrales de aquel año, el valor de las parcelas no superaba los 1,7 millones de euros”.

Como resultado, el Ayuntamiento reclama en la denuncia presentada daños y perjuicios por un importe de 2,6 millones de euros, más los intereses devengados. El equipo popular también ve “indicios de ilegalidad” en la forma en la que se gestó la operación.

Según detalló en su día el portavoz popular José Joaquín de la Torre, el expediente administrativo de la compraventa “se habría realizado con posterioridad al acuerdo entre las partes”. Por otro lado y según la normativa, los bienes de las entidades locales de Andalucía establecen el concurso como la forma habitual de contratación, “algo que de ningún modo ocurrió en este caso”.

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