Las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) de Almonte-Rociana y de Bollullos Par del Condado (Huelva) han culminado el proceso de funcionamiento en pruebas, que comenzó el pasado mes de marzo, y ya se encuentran en su primera fase de depuración por lo que «en un breve plazo de tiempo» las aguas estarán al 100 por cien depuradas.

Según han informado a Europa Press desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, esta primera fase de depuración ya se está ultimando, por lo que, aunque no han facilitado plazos, se prevé que «en breve» se encuentren a pleno rendimiento.

El funcionamiento de estas depuradoras se ha retrasado por el traspaso de competencias, en doble dirección, entre el Estado y la Junta, y viceversa, cuando se produjeron las transferencias de la Administración andaluza a la central relativas a la cuenca del Guadalquivir.

La estación depuradora de Almonte-Rociana tiene una capacidad de tratamiento de 5.576,8 metros cúbicos de agua al día (30.672 habitantes/equivalentes), mientras que la de Bollullos Par del Condado podrá depurar 2.713,4 m3 de agua al día (26.682 habitantes/equivalentes).

Las obras de estas depuradoras han incluido cuatro actuaciones principales. En la de Almonte-Rociana contempla los colectores agrupadores, el emisario y la propia estación depuradora, con tratamiento biológico con eliminación de nutrientes mediante carrusel aireado por difusores y fangos deshidratados.

Mientras, las actuaciones en la EDAR de Bollullos Par del Condado abarcan los colectores agrupadores, el emisario y la estación depuradora, con tratamiento biológico con eliminación de nutrientes mediante carrusel aireado por difusores y fangos deshidratados.

En ambas depuradoras, y puesto que vierten a una zona sensible como el entorno del Parque Nacional de Doñana, se eliminan nutrientes, y la reanudación de las obras ha incluido la revisión de los equipos y de todas las instalaciones, el acondicionamiento de la urbanización y el suministro eléctrico.

Las obras se licitaron en 2006 por parte del entonces Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino por valor de 10,1 millones de euros y fue después de que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero declarase el proyecto de interés general.