La Junta eliminará más de 87.000 expedientes judiciales

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La Consejería de Justicia e Interior va a eliminar 87.535 expedientes judiciales antiguos, guardados en 2.089 cajas, con el objetivo de liberar espacios en los archivos de los juzgados de la provincia de Huelva y acabar con su saturación, según el acuerdo adoptado por la Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para la destrucción selectiva de aquella documentación carente de valor de los órganos judiciales de la comunidad

Estos expedientes se unen a los 22.708 que ya se destruyeron en una primera fase procedentes de los juzgados onubenses, con lo cual serán ya más de 110.000 los archivos judiciales que van a ser eliminados en esta provincia.

Los expedientes que van a ser destruidos próximamente corresponden a diligencias previas y juicios de faltas de las décadas de los años 70, 80 y 90 y proceden de los juzgados de Instrucción número 1, 2, 3 y 4 y el número 6 de Primera Instancia de la capital onubense, así como del juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Ayamonte, y el número 1 de La Palma del Condado.

La primera destrucción masiva de esta documentación judicial carente de valor se llevó a cabo en seis provincias, entre ellas la de Huelva. Ahora, la eliminación de estos archivos se va a extender a to-das las provincias andaluzas, tras el último acuerdo de la Junta de Expurgo.

Esta destrucción selectiva de documentación judicial ha sido fruto del acuerdo de la Junta de Expurgo, un órgano creado por el Gobierno andaluz y el TSJA para ordenar y analizar la documentación susceptible de ser eliminada o conservada, garantizando siempre la confidencialidad de los archivos. La Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidida por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, el jefe de servicio de Documentación y Publicaciones de la Consejería de Justicia e Interior, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario. Este órgano determina la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la Administración competente en materia de patrimonio histórico.

Criterios de selección

Uno de los criterios principales en la selección de los documentos judiciales que se van a eliminar o archivar es su interés judicial e histórico, para lo que se cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte, que tiene un papel relevante en la aprobación de las correspondientes tablas de valoración. De esta forma, se garantiza la conservación de la documentación con valores históricos o bien de aquélla que posea un relieve social, económico, político o cultural.

A nivel andaluz, la Junta va a eliminar cerca de 930.000 expedientes judiciales antiguos, guardados en más de 22.000 cajas, de-ntro de esta segunda fase de destrucción de documentos judiciales. Con esta nueva tanda, serán más de 1,27 millones los expedientes judiciales eliminados en Andalucía, después de haber sido destruidos ya otros 345.000 documentos hasta el momento. El volumen de la documentación judicial en Andalucía, tanto de archivos de gestión como susceptibles de ser destruidos, es de tal magnitud que alcanzaría una distancia de más de 300 kilómetros si se alinearan todas las cajas que contienen esos documentos.

El TSJA ha valorado positivamente la destrucción de documentos judiciales y ha puesto de relieve la necesidad de seguir potenciando esta iniciativa del Gobierno andaluz. La Junta, por su parte, ha subrayado la labor realizada por los secretarios judiciales y los funcionarios de auxilio judicial que colaboran de forma decidida con los técnicos de archivo de la Consejería de Justicia e Interior.

El objetivo fundamental de esta iniciativa es liberar espacio en los archivos y tribunales, así como profundizar en el proyecto de modernización que viene impulsando la Junta para potenciar la progre-siva eliminación de documentación que no tiene ningún valor y avanzar en el camino hacia una Justicia digital sin papeles. De esta forma, se logra un ahorro de costes y de tiempo, y se contribuye a la protección del medio ambiente.

Mejora en la gestión de archivos

Este proyecto se encardina también en la definición de un modelo único de tratamiento y gestión documental, que haga posible el control y acceso a la documentación judicial desde su creación hasta su eliminación o conservación por interés judicial o histórico. En esta línea de trabajo se encuentra el proyecto JARA, implantado por la Junta en Sevilla y que se extenderá en un futuro Huelva para mejorar la gestión de los archivos de documentación judicial.

JARA es una aplicación web sencilla y de fácil manejo, accesible a través del Escritorio Judicial, que permite la creación de varios perfiles según las tareas encomendadas y que automatiza funciones claves entre el órgano judicial y el archivo de la sede judicial, como son las transferencias, el servicio de préstamos o los envíos a la Junta de Expurgo.

La cumplimentación de datos de esta aplicación está concebida para que se pueda hacer todo desde una misma pantalla, lo que permite la vinculación de los distintos tipos de procedimientos que se están realizando, como puede ser un juicio de falta con su ejecutoria o la descripción de las piezas separadas vinculadas con el procedimiento principal.

Además, la aplicación permite asumir nuevas funciones en el futuro, según los requerimientos de los usuarios, y está preparada para poder integrarse con otros sistemas ya en funcionamiento, como es el Sistema de Gestión Procesal Adriano.

Andalucía ha sido una de las comunidades autónomas pioneras en la implantación de la gestión documental en el ámbito de la Ad-ministración de Justicia, cuyo objetivo fundamental es normalizar y racionalizar el volumen documental que produce y para prestar un servicio más eficaz y de calidad a la ciudadanía.

Para ello, la Consejería de Justicia e Interior ha elaborado un plan de descripción documental, que tiene como fin facilitar la iden-tificación y el acceso a la documentación, por un lado, y establecer, por otro, los planes para su conservación o eliminación una vez cumplidos los plazos previstos en la normativa vigente y en función de los valores históricos o culturales que posean.

 

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