IU-Aljaraque solicita la convocatoria del Consejo Participación ante los desahucios

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El coordinador local de Izquierda Unida en Aljaraque, Sebastián Rivero, ha anunciado que su formación va a solicitar en el Ayuntamiento de Aljaraque una reunión urgente del consejo sectorial de participación ciudadana con el objeto de que el conjunto del tejido asociativo del municipio aborde las posibles acciones de apoyo a las personas que en el municipio están a punto de ser desahuciadas.

Para Sebastián Rivero esta convocatoria es “obligada” en cumplimiento de la moción de Izquierda unida aprobada con la abstención del Partido Popular, por el Consistorio el pasado día 6 de noviembre, mediante la cual el Ayuntamiento de Aljaraque se adhería al protocolo de actuación para hacer frente a los desalojos, por motivos económicos, de primeras residencias o vivienda habitual para unidades familiares elaborado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

El punto tres de dicho acuerdo decía literalmente: “constituir una Comisión de Seguimiento formada por el ámbito político municipal, las asociaciones vecinales, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) e invitar cuando se considere conveniente a técnicos responsables y que tenga como objetivos analizar la evolución del tema y proponer medidas a nivel municipal para garantizar el derecho a una vivienda digna.”.

Rivero ha añadido que el acuerdo plenario obliga al alcalde, Partido David Toscano (PP), a trabajar para que el Ayuntamiento de Aljaraque tenga una implicación institucional “activa” en la lucha contra los desahucios en el municipio y por tanto “no puede mirar para otro lado mientras en el municipio son desahuciadas familias por las entidades financieras”.

Asimismo, ha recordado al gobierno popular la obligación de cumplir otros aspectos del acuerdo tales como, acordar con las direcciones de los bancos y cajas, la realización de un censo de las viviendas vacías en Aljaraque fruto de un impago hipotecario y/o provenientes de un lanzamiento, y negociar también el resto del parque de viviendas no vendidas, que estén en manos de las entidades financieras y/o que tienen como titular a personas jurídicas, para poder ofrecer estas viviendas en alquiler social asequible y estudiar desde la carga en el impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) hasta la suspensión temporal de uso, según las condiciones que marque la Ley.

Por último, también ha señalado la obligación del Consistorio de crear un grupo de trabajo, formado por la Oficina Municipal de Información al Consumidor, los Servicios de Intermediación Bancaria y los Servicios Sociales Municipales, para analizar las diversas situaciones específicas generadas por los procesos judiciales de ejecución hipotecaria, y hacer propuestas concretas de intervención, siguiendo las directrices marcadas por la comisión de seguimiento y pasando también toda la información a la referida Comisión.

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