La Junta acuerda con los abogados onubenses un nuevo calendario para el pago por justicia gratuita

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Concentración de los abogados del turno de oficio ante el Palacio de Justicia. (José Miguel Espínola)

Concentración de los abogados del turno de oficio ante el Palacio de Justicia. (José Miguel Espínola)

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, y representantes del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados han acordado un nuevo calendario de pagos para la asistencia jurídica gratuita del que se beneficiarán los 466 letrados onubenses con el objetivo de avanzar en el abono de este servicio fundamental para la ciudadanía y garantizar así su prestación en la difícil coyuntura económica y presupuestaria actual.

En virtud de este acuerdo, la Consejería de Justicia e Interior seguirá abonando mensualmente diversas cuantías de este servicio y se compromete a sufragar los servicios prestados por los letrados pendientes de este año durante el primer cuatrimestre de 2014. En concreto, se sufragarán mensualmente todos los servicios y gastos de 2013 que hayan sido certificados por la Administración autonómica y que suponen una cuantía, a nivel regional, que supera los 18 millones de euros.

Este acuerdo supondrá la reducción progresiva del volumen de los pagos pendientes y los plazos de abono de los mismos y la cancelación de la concentración de protesta que inicialmente el Consejo Andaluz tenía previsto celebrar el próximo día 28. Lq Consejería y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados han coincidido en resaltar el esfuerzo y compromiso compartido para priorizar y garantizar la asistencia jurídica gratuita y han mostrado al mismo tiempo su satisfacción por este acuerdo.

Desde la Consejería se ha puesto de relieve la permanente interlocución y colaboración que se mantiene Consejo Andaluz de Colegios de Abogados con vistas a conferir la mayor celeridad y agilidad a estos pagos. Además, ha valorado el gran esfuerzo letrados onubenses en la prestación de la asistencia jurídica gratuita, destacando su dedicación y compromiso por el sostenimiento de este servicio fundamental para garantizar la igualdad de la ciudadanía en el ámbito judicial, especialmente para aquellas personas más afectadas por la crisis y que carecen de recursos para defender sus derechos.

Este acuerdo pone de manifiesto el esfuerzo que viene realizando la Junta para asegurar la financiación de la asistencia jurídica gratuita pese a la asfixia económica que sufre la comunidad autónoma por parte del Estado y que afecta a todos sus servicios y recursos. En este sentido, la Consejería ha recordado que desde que comenzó la legislatura la Junta no ha dejado de abonar mensualmente diversas cuantías y sólo en lo que va de año ha destinado ya 1,9 millones a los abogados de la provincia por la prestación de este servicio, cantidad que supera los 34 millones a nivel regional.

La Junta considera prioritario este servicio y forma como parte de las políticas sociales y de igualdad que viene garantizando para salvaguardarlas de los efectos de la crisis y los recortes.

Financiación a través de las tasas

La Consejería de Justicia e Interior ha trasladado también a los abogados su petición al Ministerio del Justicia para que defina con claridad la financiación de la asistencia jurídica gratuita a través del dinero que se está recaudando por el establecimiento de las tasas judiciales, un aspecto clave para mejorar el sostenimiento económico de este servicio.

Según la Adminsitración autonómica, el Ministerio de Justicia todavía no ha cuantificado qué porcentaje de esas tasas judiciales va a destinar a las comunidades autónomas para contribuir a sufragar la Justicia Gratuita, a pesar de que se comprometió a ello cuando anunció la ley que establecía las citadas tasas.

La Junta y la abogacía andaluz han coincido también en rechazar las tasas judiciales y en pedir su derogación inmediata o bien su anulación por parte del Tribunal Constitucional, como así lo ha planteado el Gobierno andaluz a través de los recursos presentados contra esta ley. Mientras siga en vigor estas tasas, la Consejería y los abogados han apostado por que parte de parte de su recaudación debería repartirse y llegar a las autonomías para el sostenimiento de la Justicia Gratuita.

 

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